La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón, con alcances, del decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), luego de que la cartera corrigiera una serie de puntos que habían sido observados por el organismo fiscalizador.

La decisión despeja el camino para la entrada en vigencia de una de las modificaciones impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y que durante las últimas semanas abrió un flanco entre el Ejecutivo y distintos alcaldes por sus posibles efectos en la densidad habitacional de las comunas.

Los jefes comunales habían cuestionado al Minvu, encabezado por Iván Poduje, por reingresar el decreto a Contraloría sin concretar previamente una instancia de diálogo con los municipios. Entre sus principales reparos apuntaron a los cambios en materia de densidad, estacionamientos y conjuntos armónicos, advirtiendo que algunas de las medidas podían favorecer la construcción de los denominados “guetos verticales”.

Entre quienes manifestaron sus reparos estuvo la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Su presidente, Gustavo Alessandri, cuestionó en septiembre que el Ejecutivo reingresara el decreto sin concretar previamente una instancia de diálogo con los municipios.

“Como asociación pedimos reiteradamente sentarnos a conversar con el gobierno. Lamentamos que el documento haya entrado a Contraloría sin esa conversación. Seguimos con la mano extendida, todavía hay tiempo para incorporar la mirada de los municipios. Los cambios a la OGUC van a golpear directamente la gestión de los municipios de Chile”, sostuvo entonces Alessandri.

El pronunciamiento de Contraloría, fechado este 1 de octubre, recuerda que el decreto ingresó originalmente a toma de razón el 27 de julio y fue retirado por el Minvu el 7 de septiembre “para subsanar múltiples observaciones planteadas por este Órgano de Control en reunión sostenida al efecto”. Luego, el 16 de septiembre, la cartera volvió a ingresar el decreto “para cumplir con su control preventivo de legalidad”.

Pese a los cuestionamientos de los municipios, el órgano contralor no se pronunció sobre si las modificaciones pueden producir los efectos urbanísticos advertidos por los alcaldes, sino que circunscribió su análisis al control de legalidad del decreto, el que entrará en vigencia una vez que sea publicado en el Diario Oficial, lo que está previsto para la próxima semana.

Los cambios tras los reparos de Contraloría

Uno de los puntos observados fue la modificación al cálculo de la densidad. La propuesta original buscaba reemplazar el coeficiente de cuatro habitantes por vivienda, utilizado para determinar el número de viviendas posibles de edificar en un predio.

Al respecto, el organismo señaló que “no se advertía el fundamento para reemplazar el coeficiente 4 habitantes por vivienda -que determina el número de viviendas posibles de edificar en un predio-, por los coeficientes 1,4 y 2”.

Tras el reparo, el Minvu eliminó el coeficiente de dos habitantes por vivienda, pero mantuvo el de 1,4 bajo determinadas condiciones. Respecto de este último, se eliminó su aplicación a proyectos ubicados a no más de 600 metros de determinados puntos de parada de transporte público y se incorporaron otros criterios vinculados a vías expresas y troncales.

Otro de los aspectos revisados fueron los estacionamientos. En la propuesta inicial se establecía una rebaja en la dotación mínima para determinados proyectos.

Sobre este punto, Contraloría sostuvo que “tal regulación no consideraba lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N°21.442, según el cual los condominios de viviendas de interés público debían contemplar, al menos, un estacionamiento para automóvil por cada unidad destinada a vivienda”.

El Minvu modificó ese aspecto y acotó la rebaja a determinados proyectos de vivienda y equipamiento de servicios. Además, dejó expresamente fuera del beneficio a los condominios de viviendas de interés público sujetos a esa exigencia legal.

El oficio también da cuenta de modificaciones a las reglas para los conjuntos armónicos. En este caso, se incorporó que, cuando el proyecto se emplace en uno o más terrenos que en conjunto tengan una superficie igual o superior a 5.000 metros cuadrados, “la vía deberá contar, además, con una calzada de al menos 14 metros de ancho”.

Otro cambio relevante se produjo respecto del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). La primera versión permitía sustituirlo, en determinadas circunstancias, por un Informe Técnico de Movilidad emitido por el Serviu.

Contraloría reparó en que esa fórmula terminaba “radicando en dicho servicio facultades de revisión y aprobación de los IMIV, cuestión que el artículo 171 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) confirió expresamente a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y a la Dirección de Tránsito respectiva”.

A partir de esa observación, el ministerio eliminó de la nueva versión la posibilidad de sustituir el IMIV por un Informe Técnico de Movilidad.

También se introdujeron correcciones en las normas aplicables a proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes. En esta materia se agregó la exigencia de “cumplir con las normas urbanísticas relativas a áreas de riesgo, áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial, franjas o radios de restricción y declaratorias de utilidad pública del respectivo instrumento de planificación territorial” para autorizar el permiso de edificación y recepción simultánea de determinados proyectos estatales.

Los alcances de Contraloría

Si bien tomó razón del decreto, la Contraloría formuló un alcance respecto de los estudios de riesgo y las atribuciones que tendrán las Direcciones de Obras Municipales (DOM) en su revisión.

Sobre este punto, el organismo señaló que “a las Direcciones de Obras Municipales les compete verificar que el respectivo estudio de riesgos se encuentre suscrito por un profesional especialista, correspondiendo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su División de Desarrollo Urbano (DDU), definir los profesionales especialistas a los que corresponde su elaboración”. La DDU deberá emitir una circular sobre esta materia.

El organismo también explicó por qué no se pronunció sobre el fondo de las presentaciones que recibió respecto de los fundamentos técnicos de los cambios a la OGUC.

En ese sentido, la CGR indicó que “si bien se han analizado dichos elementos, tales aspectos constituyen materias cuya apreciación corresponde primariamente a la autoridad sectorial competente”.

Luego precisó los límites de su pronunciamiento: “la toma de razón del decreto del rubro no puede implicar un pronunciamiento de este Órgano de Fiscalización acerca del mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones adoptadas por la Administración”.

La abogada especialista en derecho urbanístico Jeannette Bruna valoró el resultado del trámite ante Contraloría y destacó que el decreto fuera cursado con un alcance acotado.

“Destacable trabajo técnico y de gestión que tiende a entregar certeza a la industria. Lograr solo un alcance sobre un tema que ya se arrastraba de pronunciamientos anteriores lo demuestra. Además, omite pronunciarse sobre requerimientos de municipios, lo que permite prever una reacción de éstos ya anunciada”, señaló..