Dijimos aquí el jueves que, si México fuera un país con Estado de derecho, la audiencia de Ernesto Ruffo del viernes 25 de septiembre tendría que resolverse en favor de un hombre mayor y enfermo.
Sólo desde el abuso de poder y la intención de degradar podía alegarse que Ruffo era una persona peligrosa o que burlaría las medidas cautelares y se daría a la fuga. Ruffo lleva más de dos meses en el penal de alta seguridad del Altiplano, donde están recluidos algunos de los peores criminales de México. Enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Sus abogados argumentaban que, por tener 75 años y serios problemas de salud, debía poder defenderse de las acusaciones desde su casa en Ensenada. Conjeturé, sin embargo, que eso difícilmente ocurriría, pues el exgobernador de Baja California enfrentaba un caso que me parece marcado por la infamia política.
Me equivoqué. Afortunadamente. La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega le concedió el beneficio previsto por la ley. Será trasladado a su domicilio en Ensenada. Se impusieron el derecho, la lógica y el buen juicio.
“No se trata de una concesión graciosa o privilegio, sino de la rectificación del proceso mediante el reconocimiento del derecho humano de los adultos mayores de 70 años”, afirmó ayer el abogado defensor Juan Marcos Gutiérrez. “Esta resolución es un avance hacia el respeto al debido proceso”.
Nada más que decir. Salvo el aprendizaje de que, incluso en el país de los juzgadores del acordeón, todavía es posible dar la pelea. Y ganar.
