Aunque ha sido difícil y a veces desolador sacar adelante sala cuna para extender el derecho a todas las madres trabajadoras y a los padres, y desvincula su costo de la contratación de mujeres, terminando con la barrera de la trabajadora número 20, debemos sentir orgullo: como país, hemos logrado que sea una política de Estado.
No cualquier política pública es una política de Estado; lo es solo aquella que trasciende a un gobierno. Descansa en un consenso amplio sobre un objetivo y por eso, se mantiene y se profundiza en distintas administraciones. Las organizaciones de la sociedad civil contribuimos a esa trascendencia manteniendo vivas las agendas con parlamentarios y con el Ejecutivo que se va y con el que asume.
El proyecto (boletín n.º 14.782-13) nació en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que creó un derecho para las madres dependientes, independientes y trabajadoras de casa particular, un fondo de sala cuna y una cotización a cargo del empleador para financiarlo.
La administración del presidente Gabriel Boric, con sus indicaciones sustitutivas extendió el derecho a los padres y desvinculó por completo el costo de la contratación de mujeres. También creó una comisión técnica para proponer un monto a transferir a las salas cunas razonable y efectivo con diferencias geográficas e integró al sistema la oferta pública y privada. A su vez, fijó una cotización de 0,3%: 0,1% compensado del aporte del empleador al fondo individual del seguro de cesantía y 0,2% de cotización adicional.
El gobierno del presidente José Antonio Kast decidió sumarse a esta política de Estado. Su indicación sustitutiva mantuvo las disposiciones, pero compensó por completo la cotización con menores aportes del empleador al seguro de cesantía: 0,2% del fondo individual y 0,15% del solidario. Tampoco consideró transferencias a la oferta pública para extender horarios y funcionar todo el año.
Tras el golpe que sufrió el proyecto en la Sala del Senado, apremia volver al espíritu transversal. Con ese propósito, junto al exministro de Hacienda y director de ChileMujeres, Mario Marcel, expusimos en esta semana al Congreso nuevas indicaciones.
La primera es devolver la titularidad del derecho a sala cuna a las personas trabajadoras para el debido cuidado y educación de sus hijos e hijas menores de dos años. Es un proyecto de matriz laboral y el Senado dejó la titularidad en los menores de dos años, los cuales no pueden ser sujetos de relaciones laborales.
La segunda es rebajar la cotización de 0,35% a 0,3%, pues se sobreestima la cobertura entre 5.500 y 8.500 niños. Recogiendo la legítima preocupación del gobierno por no subir los costos laborales, proponemos invertir la compensación a un 0,1% del fondo individual del seguro de cesantía —que es de los trabajadores— y a un 0,2% del fondo solidario, el cual no es de su propiedad. Así, se afecta lo menos posible a las personas y se mantiene el acuerdo transversal de la legislatura anterior de compensar el 0,1% del fondo individual, que incluyó a la CUT.
La tercera es reponer el programa presupuestario para que Junji, Integra y los VTF extiendan horarios y funcionen de manera continua todo el año.
La cuarta es que las trabajadoras de casa particular y las independientes accedan al derecho desde el primer año, igual que las dependientes. No hay razón para privilegiar a unas sobre otras.
Finalmente, para proteger a quienes tienen menores ingresos, pedimos limitar el copago al 10% del monto que transfiera el Fondo. También solicitamos que el decreto de Hacienda que fija cuánto transferir a las salas cuna considere el informe de la Comisión Técnica, para que el monto realmente sea el efectivo.
La sala cuna es la principal reforma estructural frente a un desempleo femenino que lleva cuatro años y medio sobre el 8% y seis meses sobre el 10%.
Esperamos que el Ejecutivo acoja estas indicaciones para aprobar, al fin, esta política de Estado.
*La autora de la columna es presidenta ejecutiva de ChileMujeres
