$26,3 millones en permisos de circulación fueron registrados como pagados, pero los recursos nunca ingresaron a las arcas municipales de San Rosendo, según una investigación de la Contraloría Regional del Biobío que detectó además una serie de fallas en los controles financieros de la comuna.

Los hechos ocurrieron durante 2023 y quedaron establecidos en el Informe Final de Investigación Especial N°470 de 2026. De acuerdo con el documento, una excajera municipal registró permisos de circulación por $26.337.878 como pagados, pero no emitió las órdenes de ingreso correspondientes en el sistema de tesorería.

El municipio inició un sumario para determinar eventuales responsabilidades. Sin embargo, Contraloría cuestionó que San Rosendo no informara el eventual perjuicio patrimonial, por lo que ahora la entidad fiscalizadora iniciará un procedimiento para buscar la restitución de los recursos.

La fiscalización también detectó dos permisos de circulación cuyo ingreso a las arcas municipales no pudo ser acreditado. Además, la falta de información histórica impidió revisar completamente los registros del período, por lo que Contraloría advirtió que podrían existir otros casos que no fueron detectados.

Las fallas que detectó Contraloría

El organismo identificó problemas en distintos niveles del proceso de recaudación: no había cuadraturas diarias ni arqueos periódicos, existían deficiencias en la conciliación y registro de ingresos y había una baja trazabilidad de las operaciones.

A esto se sumaron problemas en la supervisión de los funcionarios y en la distribución de tareas. Contraloría también cuestionó la administración de los sistemas utilizados para gestionar los permisos de circulación, ya que el municipio continuó utilizando una plataforma cuyo contrato había terminado y la operó en paralelo con otro sistema.

El caso tendrá además una arista penal. Aunque la Municipalidad de San Rosendo ya había denunciado los hechos ante la Fiscalía Local de Yumbel en noviembre de 2023, Contraloría resolvió enviar una copia de su informe al Ministerio Público debido a la naturaleza de los antecedentes.

Junto con ello, se instruyó incorporar los nuevos antecedentes a un procedimiento disciplinario. La Contraloría deberá determinar las eventuales responsabilidades administrativas y civiles, mientras se busca recuperar los $26,3 millones que no llegaron a las arcas municipales.