La Comisión de Seguridad Pública del Senado dio su aprobación general al proyecto que busca reforzar las sanciones por atentados contra Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Según La Tercera, la decisión fue unánime entre los senadores presentes: Karim Bianchi, Cristián Vial y Andrés Longton. Este avance corresponde a una etapa de la tramitación y no a la entrada en vigencia de una ley.

La iniciativa nació de una moción de diputados de Renovación Nacional y otros exlegisladores. Antes de pasar al Senado, recibió el respaldo de la Cámara de Diputados con 96 votos favorables, 34 contrarios y 14 abstenciones. La comisión acordó abrir un plazo para presentar indicaciones al texto.

En materia de atentados contra la autoridad, la propuesta incorpora una modalidad agravada y eleva la pena de privación de libertad cuando la víctima sea una autoridad policial. También considera la actuación en grupo o de una persona que se ampare en él. Para los hechos contra integrantes de Carabineros, PDI o Gendarmería, establece que se aplique únicamente la pena privativa de libertad.

Como contexto, la regulación vigente citada por La Tercera contempla para estos atentados presidio menor en grado medio, equivalente a entre 541 días y tres años, además de una multa de 11 a 15 UTM. El proyecto también permite, de manera excepcional, detener en situaciones de flagrancia.

Otro cambio propuesto es incorporar como falta los insultos u ofensas graves contra carabineros y funcionarios de la PDI mientras cumplen sus funciones. La disposición exige que quien cometa el hecho conozca, o no pueda desconocer, la condición del funcionario y que la conducta menoscabe la dignidad o el respeto de la función policial. La sanción prevista combina prisión en grado máximo, de hasta 60 días, con una multa de una a cuatro UTM.

Esa misma sanción se plantea para las ofensas graves contra funcionarios de Gendarmería en ejercicio de sus labores, cuando ocurran fuera de los establecimientos penitenciarios. También en este caso se exige conocer, o no poder desconocer, su calidad de funcionario y afectar la dignidad o el respeto de la función penitenciaria. Estas condiciones delimitan el alcance de una propuesta que continúa bajo discusión legislativa.

Fuente: La Tercera. Redacción: Positiva+ Canal.