Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó el decreto con el que se creó el mecanismo para la operación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con el Decreto, publicado el 2 de junio pasado, se estableció un mecanismo, cuyo carácter es voluntario para aspirantes y partidos políticos, en relación con someterse a una evaluación de riesgo por autoridades de inteligencia y seguridad.
En la sesión de este lunes se resolvió la acción de inconstitucionalidad 84/2026, promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con esta reforma, la creación de la Comisión estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), la que ya está operando desde hace un mes, para el actual Proceso Electoral Federal Concurrente (PEFC), que recibirá las listas de aspirantes y partidos políticos que, voluntariamente, acepten ser sometidos a una investigación por fiscalías estatales, la General de la República (FGR) o instancias financieras, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la discusión los ministros Giovanni Figueroa y el presidente Hugo Aguilar Ortiz plantearon limitar sólo a “delincuencia organizada”, la investigación a candidatos, lo que fue rechazado por la mayoría.
“Según yo advierto el sistema se crea fundamentalmente para crear, establecer, un mecanismo que permita inhibir, impedir la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales
“Entonces, si se abre demasiado se me hace que será un esfuerzo enorme por buscar todo tipo de información, lo que yo creo es que se pueda cerrar un poco más la perspectiva y nos quedemos sólo con delitos de delincuencia organizada, que están previstos en la ley de la materia”, explicó el ministro Aguilar Ortiz.
La ministra ponente de proyecto aprobado, Loretta Ortiz Ahlf, planteó la necesidad de abrir las investigaciones a todo el catálogo de delitos, en beneficio de la sociedad.
“Esto no es para restringir o limitarlo a los delitos de la delincuencia organizada, sino que es a todo tipo de delitos; o sea, no hay una restricción, puede ser robo, puede ser corrupción, es precisamente por eso que se le da la participación a las distintas autoridades, no solamente federales, también estatales, que son las financieras y las fiscalías, etcétera
“No es nada más restringido a la delincuencia, a la Secretaría de Seguridad federal, no; es a todas las autoridades que tengan contacto con delitos que puedan afectar en un futuro no solamente al partido político que se somete voluntariamente, sino también a la ciudadanía; es decir, en esto, aunque todavía no son candidatos y es un procedimiento voluntario, es proteger a todos”, dijo la ministra Ortiz Ahlf.
“Esos hechos no implican una acusación de haber cometido algún delito, sino que dan lugar a que hay un riesgo razonable, para que esa persona pueda ser propuesta como candidata.
“Pensemos la situación que estamos viviendo hoy con tantas acusaciones que hay, no se trata de acusaciones formales, sino de los riesgos que pueda haber y que queda a voluntad de la persona y del partido decidir si toma ese riesgo o no”, dijo ministra María Estela Ríos González.
