El pleno del Senado de la República inició el debate y discusión del dictamen que reforma la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como “Ley antimeme”.
La oposición recalcó que votará en contra, al considerar que aunque la propuesta fue matizada, subsiste en el artículo 403 bis la pretensión del gobierno de censurar a críticos y opositores.
MC reitera voto en contra
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, denunció que ley es censura disfrazada de defensa de los derechos de autor.
“Hemos señalado que, una vez más, vemos al gobierno y su mayoría legislativa actuando bajo este modus operandi. Plantear una causa noble, como lo es sin duda el combate a la piratería, para que, en el camino de esta propuesta, de esta reforma, puedan seguir haciéndose del control, en esta ocasión de la libertad de expresión. Y en Movimiento Ciudadano, desde que conocimos el contenido de esta reforma, señalamos el artículo 403 bis de esta propuesta, de la ley de propiedad industrial. Advertimos que justamente esta tendría riesgos, porque implica en su redacción poner en riesgo la libertad de expresión”.
“Hemos dicho claramente no. Hemos manifestado nuestro firme rechazo a que se castigue hasta con cinco años de prisión y con multas de hasta un millón de pesos a quienes utilicen la gráfica institucional de los gobiernos con propósito de crítica, de parodia y de todas estas figuras que hoy conocemos a través de las redes”, añadió.
Dijo que en México, actualmente se genera una clara disputa por el control del discurso y de lo que se dice en las redes sociales y en el espacio digital. “En realidad, lo que quiere la mayoría, lo que quiere concretamente Morena, es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea”, acusó.
Morena descarta censura a memes o parodias
Al presentar el dictamen, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, aseguró que no hay ninguna intención de imponer censura a memes, parodias u otras formas de crítica política, aunque reconoció la necesidad de que se establezca claramente que se busca combatir la piratería y la reproducción de logotipos institucionales de manera dolosa para cometer fraude.
Recordó que en comisiones, se modificó el artículo 403 bis para precisar la conducta y vincularla con el uso a escala comercial de identidad institucional para inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio, con la intención de cometer un ilícito y la pena prevista también fue reducida al respecto, de acuerdo con respecto a la propuesta original.
“Es una precisión relevante que tendremos que hacer, porque corresponde al ministerio público acreditar en cada caso los elementos del delito, respetando plenamente la presunción de inocencia, el derecho en defensa, de defensa y el debido proceso. Este equilibrio es fundamental, ni impunidad frente a quienes hacen de la piratería y la falsificación una actividad económica, ni arbitrariedad frente a la ciudadanía”, precisó.
“Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa, y las leyes deben de tener precisión suficiente para discutir una cosa de la otra. Y actualizar nuestra legislación para enfrentar estas conductas no significa disminuir los derechos de las personas”, afirmó Huerta Ladrón de Guevara.
PRI denuncia criminalización de la critica política
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, denunció la criminalización de la critica política con esta iniciativa y señaló que la pregunta fundametal es muy sencilla:
“¿Quién va a decidir cuándo una parodia, deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar? ¿Quién determinará cuándo una caricatura política, un video de crítica o una pieza satírica cruzó esa línea?
En materia penal no puede haber zonas grises, mucho menos cuando están en juego la libertad de expresión, la libertad de prensa y nuestra democracia”, enfatizó.
PAN ve riesgo de aplicación arbitraria
Por el PAN, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo recalcó que este proyecto pretende imponer de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización a quien utilice y reproduzca e imite o incorpore la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial perteneciente a instituciones públicas.
“Se nos dirá de ahora en adelante qué conducta deberá realizarse a escala comercial y con la finalidad de inducir al error o al engaño. Sin embargo, estas expresiones no son suficientes para eliminar el riesgo de una aplicación arbitraria. El tipo penal emplea conceptos amplios, como identidad gráfica. Imitar cualquier otro signo oficial y escala comercial, pero no excluye expresamente la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el trabajo periodístico, la creación artística, la investigación académica o las expresiones de interés público.
“Cuando la libertad de una persona puede depender de la interpretación de una autoridad investigadora, no estamos ante una garantía suficiente. En materia penal, debe de respetarse estrictamente el principio de exactividad. Las conductas prohibidas tienen que estar definidas en absoluta claridad, especialmente cuando se pretende imponer una pena de hasta siete años de prisión. No basta con que quienes impulsan la reforma aseguren que únicamente se perseguirá el fraude. Esta limitación debe aparecer claramente en la ley. Los derechos no se protegen mediante buenas intenciones, sino mediante normas precisas que impidan el abuso”, advirtió.
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