Llevaban pocos minutos de sesión en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, cuando el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, irrumpió en la sala 10 de esta corporación.

El objetivo del parlamentario era conversar con sus pares Andrés Longton (RN) y Pedro Araya -quienes estaban sentados en lugares contiguos- para afinar los últimos detalles de la reforma constitucional que presentarán esta semana y que, con su ingreso, harán caer el proyecto que había ingresado el gobierno del Presidente José Antonio Kast el pasado 17 de agosto, y que versa sobre la misma materia.

Squella les entregó uno de los documentos sobre los cuales los senadores vienen trabajando hace varias semanas, y cuyo ingreso se concretará finalmente este miércoles.

La iniciativa surgió como plan de “salvataje” alternativo a la propuesta de cambio a la Carta Fundamental que presentó el Presidente Kast, y que fue firmada por los ministros Claudio Alvarado, Martín Arrau, José García y Fernando Barros.

Si bien el contenido ya es conocido, este grupo de parlamentarios aún se encuentran afinando algunos elementos de redacción. “Si le agregamos una coma cambia muchas cosas”, dicen.

“En este minuto estamos realizando los últimos ajustes de redacción de texto y esperamos hoy día en la tarde tener concordado el texto definitivo”, aseguró a este medio el senador Araya.

Squella, por su parte, complementó que “estamos afinando el momento exacto en que vamos a presentar el proyecto, ya lo tenemos prácticamente listo, los contenidos estamos totalmente de acuerdo en cuáles tienen que ser incluidos”.

“El momento pasa también por el trabajo en paralelo en que estamos haciendo en otras ocasiones, así que todavía no hay certeza absoluta de cuándo va a ser el momento, pero esperamos que sea cuanto antes”, añadió el timonel republicano.

Consultados por un trabajo prelegislativo con el Ministerio de Seguridad, los senadores coincidieron en que los diálogos han sido escasos.

Sin embargo, Squella aseguró que desde la cartera que lidera el ministro Martín Arrau “están enterados de todos los pasos que hemos ido dando, saben de los contenidos, no en el detalle todavía, pero esperamos reunirnos para revisar cada uno de los detalles que puedan ser interés del gobierno”.

¿Y el Socialismo Democrático?

Para la aprobación de la reforma, los senadores necesitan 29 votos en la sala. Considerando a los 26 representantes del oficialismo y sus aliados, más el propio Araya, requieren de, al menos, dos votos más.

En ese contexto, tanto Araya como Squella hicieron un llamado al comité del Socialismo Democrático -que la semana pasada dejó sin piso al representante del PPD- para que se sumen al proyecto que están trabajando.

El senador del PPD, señaló que a los socios de su comité “les hemos comentado líneas generales lo que va a ser la reforma y una vez que tengamos afinado el texto les vamos a compartir qué estamos pensando presentar para que ellos lo puedan estudiar con calma y tranquilidad”.

El timonel republicano, por su parte, sostuvo que “ellos son libres de suscribir o no un determinado proyecto de ley. En este caso, creo que es fundamental para avanzar en el crimen organizado.

“Esperaría que prime la sensatez en la bancada y estén disponibles para avanzar en lo que la inmensa mayoría de los chilenos está esperando”, complementó Squella.

La “neorreforma”

El proyecto que están preparando los senadores consta de tres ejes: crimen organizado, segregación carcelaria y ajustes al estado de excepción de emergencia.

Si bien el último punto era uno de los más conflictivos de la propuesta inicial del Ejecutivo, ahora no se considera crear un nuevo estado de excepción, sino simplemente reforzar y regular lo que ya existe en la Constitución y que ya se aplica desde hace años en La Araucanía y el Biobío.

No se tocan los plazos de renovación cada 30 días. Tampoco se amplían medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones.

En materia de crimen organizado, la nueva reforma equipara ese delito al de terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos.

La idea es que los condenados por crimen organizado reciban las mismas restricciones que tienen los sentenciados por conductas terroristas a la hora de poder solicitar un indulto y las mismas inhabilidades para postular a cargos de elección popular.

En materia de segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería, contempladas en su reglamento interno, para separar a la población penal. Este ha sido un problema, pues los tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.