Durante la jornada de este miércoles, los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores, Andrés Longton y Arturo Squella ingresaron la nueva reforma de seguridad luego de que el gobierno retirara su proyecto de reforma durante la jornada del miércoles.

El senador Squella, uno de los autores de la iniciativa, destacó la transversalidad del nuevo proyecto, señalando que “pudieron superar las diferencias que se presentaron en un principio frente a un texto puntual”.

Según señaló “algo muy positivo que hemos visto dentro de las horas recientes es que se nos han ido acercando parlamentarios para decirnos que ya con los trascendidos que tienen del contenido de la reforma se sienten parte o de alguna manera representados y van a ser entusiastas colaboradores en la tramitación legislativa”.

En tanto el senador Pedro Araya (PPD), también destacó el ingreso del proyecto señalando que “aquí no ha ganado ni el Gobierno ni la oposición”, y añadiendo que “lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado”.

“Esperamos que una vez que se conozca este proyecto, especialmente los senadores de la centroizquierda puedan leerlo con detención, analizarlo en su mérito y votarlo a su favor, porque nos estamos haciendo cargo de lo que nos piden los chilenos”, agregó.

Por su parte, senador Andrés Longton, abordó las bases del proyecto, señalando que “el eje del proyecto se reduce básicamente en tres puntos”.

Estos puntos son: asimilar el terrorismo al crimen organizado, establecer la segregación oficial o segmentación para delincuentes de alta peligrosidad, y modificar el estado de excepción constitucional de emergencia.

Respecto al estado de emergencia, uno de los principales puntos de conflicto que tenía el proyecto original, el senador sostuvo que no se crea uno nuevo, y que se refuerza y potencia el ya existente.

Es así como señaló que se establece que “que todo tipo de amenaza actual, inminente que puede haber respecto a algún problema de seguridad, orden público, particularmente relacionado con el crimen organizado, y el narcotráfico habilita al presidente de la República para poder dictar un estado de emergencia”

“Además, incorporamos que el presidente pueda dictar este estado de emergencia por 30 días, posterior a los 30 días tiene que pasar por el Congreso y durante el transcurso de esos 30 días, una atribución adicional, el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento”, añadió.

El senador Iván Flores (DC), sostuvo que “este es un proyecto nuevo, diferente, acotado, preciso, práctico, en donde cada uno de los autores tenemos domicilio político conocido, ese no es el tema, no hemos cruzado ninguna valla, no hemos cruzado ninguna barrera, cada uno sigue manteniendo su ideología y su postura política”

De esta forma señaló que “este es un buen proyecto que surge de la condición y el conocimiento que tenemos los cinco senadores que estamos aquí, que hemos todos trabajado en seguridad, no somos profanos, conocemos lo que pasa en Chile”.

Principales puntos de la reforma de seguridad

Entre los puntos en los que se enfoca el proyecto firmado por los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores, Andrés Longton y Arturo Squella, se encuentra el equiparar al crimen organizado con el terrorismo.

Según explica el documento, “la razón de esta equiparación no descansa en afirmar que se trate del mismo fenómeno criminal; descansa en reconocer que determinadas manifestaciones del crimen organizado poseen capacidad suficiente para afectar sistemáticamente derechos fundamentales, penetrar instituciones, controlar territorios, debilitar el Estado de Derecho y generar estructuras de poder ilícito permanentes”.

A pesar, de esto advierten que “la equiparación constitucional entre ambos fenómenos exige, al mismo tiempo, especial precisión respecto del concepto de crimen organizado”, añadiendo que “La Constitución no puede permitir que la sola utilización de esa expresión habilite automáticamente consecuencias jurídicas especialmente intensas respecto de cualquier delito cometido por varias personas”.

Asimismo busca habilitar regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas o en prisión preventiva por delitos terroristas o de crimen organizado.

Según argumentaron, “la privación de libertad pierde parte importante de su finalidad cuando una persona puede continuar dirigiendo o coordinando desde la cárcel las actividades de la organización criminal a la que pertenece”.

“La reforma propone, por ello, habilitar constitucionalmente regímenes penitenciarios especiales de seguridad. Su objeto no consiste en establecer una nueva pena, sino que por el contrario busca impedir que los establecimientos penitenciarios puedan transformarse en plataformas desde las cuales continúen operando organizaciones criminales o terroristas”, agregan.

Frente al estado de excepción constitucional de emergencia, el documento señala que “no cualquier amenaza permitirá declarar un estado de excepción. Deberá tratarse de una amenaza grave, actual o inminente, sustentada en antecedentes suficientes”.

Además explican que “la reforma establece en treinta días el período máximo inicial durante el cual el Presidente de la República puede declarar el estado de emergencia”, mientras que la prórroga requerirá del acuerdo del Congreso nacional.

Respecto al control, el documento señala que “la autorización parlamentaria de las prórrogas no agota el control del Congreso”, añadiendo que “el Presidente deberá informar periódicamente, al menos cada 15 días, acerca de las circunstancias que justifican la continuidad del estado de emergencia, las medidas adoptadas y sus resultados”.