La Secretaría de Educación Pública (SEP) formalizó las restricciones para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en las escuelas públicas y particulares de todo el país. Sin embargo, el Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no establece un catálogo de sanciones para los estudiantes que incumplan las reglas.
En lugar de establecer un régimen centrado en el castigo, la SEP plantea un enfoque preventivo, formativo y de corresponsabilidad entre autoridades, docentes, estudiantes y familias. El propio decálogo para Educación Básica señala que las disposiciones deberán poder aplicarse “sin regaños ni castigos”.
Más allá de guardar el teléfono, la regulación amplía su alcance a los dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales, y establece pautas sobre la conducta de los estudiantes en los entornos digitales.
En Educación Básica, que comprende inicial, preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos deberán permanecer restringidos durante toda la jornada escolar. El decálogo plantea que en la escuela no se utilicen redes sociales ni juegos digitales y establece reglas de privacidad y consentimiento para evitar que se tomen o compartan fotografías, audios o videos de otras personas sin autorización.
También señala que, ante una emergencia, los alumnos deberán acudir con el personal docente, mientras que la comunicación entre las escuelas y las familias se realizará mediante los mecanismos establecidos por cada plantel.
El uso de los dispositivos en este nivel estará permitido cuando exista una finalidad pedagógica previamente programada y bajo orientación docente, así como por razones de emergencia, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o ante necesidades particulares y extraordinarias de la comunidad educativa.
En Educación Media Superior, la SEP no fija una norma única para todas las preparatorias, sino que permite que cada institución construya sus propias condiciones para limitar el uso no pedagógico, mediante consulta, diálogo y acuerdos con su comunidad.
El acuerdo contempla cuatro modalidades de referencia: el resguardo de los aparatos en un espacio designado; el uso limitado a determinados momentos o espacios; la restricción durante toda la jornada, y el uso programado con fines pedagógicos. Estas modalidades son enunciativas y no limitativas.
En este nivel, las orientaciones también incorporan aspectos de convivencia digital, como la prevención del bullying, la discriminación, el ciberbullying y la violencia digital, así como el respeto a la privacidad y el consentimiento y la necesidad de pensar, investigar y verificar información.
Para la Educación Superior, el acuerdo establece que se promoverá el uso responsable y seguro de los dispositivos durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa y respetando la autonomía universitaria.
Padres participarán en la implementación
Las familias tendrán un papel explícito en la puesta en marcha de las nuevas reglas. Desde ahora las autoridades educativas federales, estatales y de la Ciudad de México deberán iniciar asambleas con madres, padres, tutores y otros integrantes de las comunidades educativas para informar, difundir, favorecer la apropiación e implementar las disposiciones, así como construir acuerdos sobre las condiciones y prácticas de uso de los dispositivos.
La regulación, además, no quedará fija. El acuerdo establece que cada seis meses las autoridades estatales, en coordinación con la SEP, deberán generar espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar la implementación y, en su caso, definir acciones o ajustes adicionales.
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La SEP sustenta la regulación, entre otros elementos, en los resultados de la Consulta Nacional de Educación Básica sobre el uso de dispositivos digitales, realizada en agosto de 2026, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas:
- 79.7% reportó dificultades de atención.
- 78.7% reportó problemas para recordar información.
- 74.8% reportó dificultades para resolver problemas.
El Acuerdo 09/09/26 entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos necesarios para su aplicación.
La nueva regulación, por tanto, no se limita a determinar cuándo se puede utilizar un celular. También incorpora reglas de convivencia, privacidad, consentimiento, seguridad y uso responsable de la información, bajo un esquema que privilegia la prevención y la formación y que no establece una sanción nacional específica para los estudiantes que incumplan las restricciones.




