Siete inmigrantes presentaron una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al acusar a la agencia de retener de forma indebida documentos personales, permisos de trabajo, pasaportes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias incluso después de haber sido liberados de centros de detención migratoria.
La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y sostiene que ICE mantiene una práctica sistemática que priva a los migrantes de documentos indispensables para trabajar, conducir, rentar una vivienda o demostrar su estatus migratorio.
Los demandantes están representados por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP.
La demanda señala que la agencia incumple la denominada “Confiscation Directive” o Directiva 11311, una política interna que regula el manejo de documentos de identidad y pertenencias de personas sujetas a procedimientos migratorios.
Según el documento, aunque ICE puede confiscar temporalmente pasaportes, permisos laborales o identificaciones por razones operativas, está obligado a devolverlos una vez que la persona es liberada, salvo que exista una justificación legal específica.
Además, la propia directiva establece que, si un documento original permanece bajo custodia de la agencia, el migrante debe recibir una copia certificada.
Los demandantes afirman que en numerosos casos esto no ocurrió.
Migrantes que aseguran haber quedado sin documentos
La demanda reúne testimonios de migrantes de Rusia, Venezuela, Guatemala, Cuba, Colombia y El Salvador que aseguran haber perdido acceso a documentos esenciales tras su paso por centros de detención.
Uno de los casos más destacados es el de Vladimir Izmailov, ciudadano ruso con una solicitud de asilo pendiente, quien denuncia que ICE conserva desde hace más de cinco meses su permiso de trabajo, licencia de conducir y anillo de bodas.
Según la demanda, la falta de documentación le ha impedido conseguir empleo estable, conducir legalmente y cubrir los gastos de su familia.
Otro de los demandantes es Ezequiel González, ciudadano venezolano que asegura que ICE no le ha devuelto su pasaporte, tarjeta del Seguro Social ni permiso de trabajo desde marzo de este año.
La demanda sostiene que la falta de esos documentos le ha impedido incorporarse al mercado laboral.
Situaciones similares fueron denunciadas por Enis Suleima Luna Ardila, originaria de Colombia, y Alex Estuardo Hernández Pérez, de Guatemala, quienes afirman haber perdido oportunidades de empleo por no poder acreditar legalmente su autorización para trabajar en Estados Unidos.
El recurso judicial sostiene que la retención de documentos ha provocado consecuencias graves para los afectados.
Entre ellas menciona pérdida de empleo, imposibilidad de tramitar nuevas identificaciones, dificultades para acceder a servicios médicos, problemas de vivienda y temor a ser detenidos nuevamente por no portar documentación oficial.
Uno de los demandantes, Rolando Ramírez Fuentes, un cubano que reside en Florida desde hace décadas, asegura que la falta de su tarjeta de Seguro Social y licencia de conducir le impidió encontrar trabajo y obtener atención médica para una enfermedad cardíaca.
Según el expediente, actualmente se encuentra sin hogar.
La demanda argumenta que la práctica vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas frente a incautaciones injustificadas de bienes por parte del gobierno.
Los demandantes solicitan que el tribunal ordene a ICE devolver los objetos retenidos y adoptar medidas permanentes para garantizar que los bienes incautados sean entregados cuando ya no exista una razón legal para mantenerlos bajo custodia.
