El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) solicitó una audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponerle los problemas administrativos que prevalecen en los órganos de justicia sin que ninguna autoridad ofrezca una solución.
En carta abierta dirigida a la mandataria, el STPJJF denunció públicamente la omisión y la falta de respuestas de fondo a sus demandas laborales por parte de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Presidencia del Órgano de Administración y de sus integrantes, así como de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial.
En la misiva, el sindicato dirigido por Jesús Gilberto González Pimentel cita que esta organización gremial ha privilegiado el diálogo, presentado propuestas y actuado con responsabilidad institucional en la presentación de sus demandas laborales, “las cuales han sido ignoradas, postergadas y rechazadas mediante argumentos insuficientes”.
“La paciencia del gremio no puede utilizarse como pretexto para prolongar la indiferencia. Por ello, con el mandato de las y los trabajadores, planteamos demandas que requieren respuestas inmediatas, concretas y verificables”, subraya.
Entre estas demandas están el incremento salarial y retroactivo correspondiente al presente año, “digno, suficiente y acorde las responsabilidades, las cargas de trabajo y las condiciones económicas actuales”.
El respeto absoluto a las prestaciones y derechos reconocidos en las Condiciones Generales de Trabajo, sin recortes, interpretaciones restrictivas ni retrocesos; la autorización inmediata de los nombramientos necesarios, así como la continuidad laboral y la basificación del personal que cumpla los requisitos, sin utilizar supuestos conflictos de interés como argumento injustificado para negar derechos.
También exige la investigación y resolución pronta, imparcial y efectiva de todas las quejas por acoso y hostigamiento laboral, con medidas de protección para las personas afectadas y consecuencias para quienes resulten responsables, así como la reducción y redistribución inmediata de las cargas de trabajo excesivas, que imponen metas materialmente imposibles y ponen en riesgo la salud y la integridad del personal.
El STPJF demanda el fin de las “jornadas inhumanas” y de toda práctica que vulnere la dignidad, el descanso y los derechos laborales de las personas trabajadoras y el pago integro, oportuno y sin condicionamientos de las horas extraordinarias y las guardias efectivamente laboradas.
“Rechazamos las dilaciones, simulaciones y silencios administrativos. El trabajo cotidiano de miles de personas sostiene el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación; esa labor exige respeto, reconocimiento y condiciones dignas”.
Ante la falta de respuestas de fondo por las vías internas, el sindicato anunció que emprenderá de manera inmediata y organizada las acciones legales, sindicales e institucionales a su alcance y acudirá ante las instancias nacionales competentes.
“Todas estas acciones se desarrollarán de manera pacífica, responsable y con estricto apego a la legalidad, sin declinar a la firmeza necesaria para defender nuestros derechos”.
En la carta abierta, el STPJF asegura que "no solicitamos concesiones ni privilegios. Exigimos el cumplimiento de los derechos laborales de conformidad con lo previsto en el artículo décimo transitorio del Decreto de Reforma al Poder Judicial".
“Nuestra disposición al diálogo no implica debilidad, subordinación ni renuncia. La dignidad, la estabilidad laboral, la salud, el descanso y los derechos adquiridos de las personas trabajadoras son irrenunciables”, destaca la carta abierta.
“No aceptaremos que la austeridad mal aplicada, la reorganización administrativa o supuestos conflictos de interés sirvan para precarizar el empleo, negar nombramientos, desconocer prestaciones o encubrir abusos. Ante cualquier intento de retroceso a nuestras prestaciones laborales, mantendremos una respuesta unida, organizada y firme por las vías institucionales”, advierte el STPJF.
También emplaza a las autoridades a establecer de inmediato la interlocución institucional mediante una mesa de trabajo con capacidad real de decisión en la que se presenten respuestas por escrito, plazos definidos y compromisos verificables. “No admitiremos nuevas evasivas ni reuniones sin resultados”, advierte.
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