Por estos días se han reactivado las solicitudes provenientes de la oposición para que la Cancillería le solicite la renuncia al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. Esta vez las razones tienen que ver con la situación judicial del diplomático, luego de que el Ministerio Público confirmara que tiene la condición de imputado en el marco de la investigación que se lleva adelante por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales, una de las aristas del llamado “caso audio”. El caso reflotó luego de que se hiciera pública la declaración del abogado Luis Hermosilla ante la Fiscalía por el caso de los nombramientos, en la cual, entre otros aspectos, sostuvo que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Suprema.
El embajador ya había generado una fuerte controversia hace algunas semanas, a propósito de una entrevista que concedió al programa “Defending Israel”, oportunidad en que hizo una serie de aseveraciones sobre la comunidad palestina en Chile, lo que incluso motivó un reproche de la propia Cancillería. Dicho incidente puso de relieve el riesgo que implicaba su nombramiento en la embajada de Israel, pues se hicieron realidad las prevenciones en orden a que, dado su alto compromiso con la causa judía, iba a ser difícil para Zaliasnik separar su rol de embajador respecto de sus convicciones personales.
La arista judicial que ahora complica a Zaliasnik no solo ha sido motivo de cuestionamientos desde las filas opositoras, sino que el caso también preocupa al propio oficialismo, donde por de pronto parece evidente la incomodidad que esta situación genera en La Moneda, la que por ahora ha evitado pronunciarse sobre el caso, si bien el canciller ha señalado que “los cargos de confianza, los embajadores, que pertenecen a esa categoría, están siempre siendo evaluados”.
Al respecto, conviene precisar que la condición de imputado no implica culpabilidad alguna y desde luego tampoco se puede desconocer el principio de presunción de inocencia. La propia fiscal a cargo del caso ha señalado que si bien es conocido que Zaliasnik tiene la condición de imputado, dichas causas no están formalizadas. Con todo, no podría desconocerse que el solo hecho de que un embajador esté siendo indagado por eventuales situaciones irregulares en sí constituye una situación comprometedora.
Los hechos por los que ahora el embajador está imputado eran conocidos al momento de su nombramiento, y si bien se pudo haber razonado que ello no constituía un impedimento para que Zaliasnik asumiera el cargo, ya que formalmente no había ningún proceso judicial en curso, la Cancillería y el propio Presidente de la República subestimaron el impacto de esta decisión, por lo que los cuestionamientos que ahora el gobierno recibe por dicha nominación no son más que el resultado esperable de errores autoinfligidos.
En estos tiempos de fuerte convulsión internacional, que demandan de nuestra política exterior un especial grado de atención por los delicados intereses que hay en juego, es lamentable que la Cancillería aparezca desenfocada de este rol y tenga que salir a dar explicaciones por la situación particular de un embajador.
