Ante el reciente informe presentado por la Contraloría General de la República sobre funcionarios públicos suspendidos preventivamente que continúan percibiendo sus remuneraciones, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro emitió una declaración pública para precisar las cifras y el origen de los procesos disciplinarios.
Desde el organismo señalaron que al asumir la administración de los colegios públicos de la comuna el 21 de enero de 2026, la Municipalidad de Santiago le traspasó un total de 388 sumarios administrativos e investigaciones pendientes de tramitación, acumulados de administraciones anteriores y en diversos estados procesales.
De dicho universo, los 22 casos observados por la Contraloría corresponden apenas al 5,6% del total de expedientes recibidos. Asimismo, la institución remarcó que de los 24.193 días acumulados de suspensión preventiva remunerada que cuestiona el órgano contralor, solo un 5,1% corresponde al periodo de gestión actual del SLEP.
“La continuidad del pago de remuneraciones en estos casos no corresponde a una decisión discrecional del SLEP, sino a las condiciones jurídicas derivadas de esos procesos disciplinarios y al resguardo del debido proceso. Compartimos la necesidad de que los procesos tengan una tramitación oportuna y nos encontramos adoptando las medidas necesarias para avanzar en su resolución”, sostiene el comunicado.
El servicio educacional detalló la situación procesal de las causas y las acciones adoptadas para dar cumplimiento a los requerimientos del ente fiscalizador.
Del grupo de 22 sumarios bajo la lupa de la Contraloría, un 55,6% se encuentra en etapa acusatoria con formulación de cargos y un 44,4% en fase indagatoria.
Un 18,2% del grupo ya no mantiene la medida de suspensión preventiva, debido al cierre de la investigación, el término de la relación laboral o el alzamiento formal de la medida cautelar.
El SLEP instruyó exigir cuenta y celeridad a los fiscales ad hoc designados en cada caso para acelerar el cierre de las causas, resguardar la transparencia y asegurar la correcta utilización de los recursos públicos.
