El presidente Donald Trump, en el marco de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, declaró, sin ambages, que México es el epicentro de la violencia de los carteles y que resultaba inaceptable compartir una frontera con un pais dominado por el crimen organizado. A lo lejos se podía ver el rostro incómodo del gris canciller Velasco.

No es la primera vez que lo hace. Lo ha reiterado una y otra vez. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum y sus simpatizantes han optado por extraer dichos, sean de Trump o de algún otro funcionario, en los que señalan que el gobierno mexicano se ha convertido en un socio efectivo en el combate contra el narcotráfico.

En adición, los simpatizantes del gobierno han puesto el acento en el hecho incontestado de que el narcotráfico del lado mexicano existe derivado de la demanda de drogas en Estados Unidos. No se equivocan. Es una realidad que se vive en el pais vecino una grave y profunda crisis relacionada con la salud pública, la cultura familiar, y sin duda, la existencia de una red interna, muy probablemente ligada a los carteles mexicanos, que facilita el tránsito de las substancias desde la fronteras hasta las grandes ciudades de consumo como Nueva York, San Francisco y Chicago, entre otras.

Sin embargo, recurrir al discurso de que “el problema está con ellos” es una irresponsabilidad en toda forma.

Si bien la mayoría de los consumidores se encuentran en ese país, México carga con la vergüenza de ser el sitio de fabricación y tránsito de la droga, amén de absorber la violencia en las calles y la crisis de los desaparecidos. Sheinbaum y su gobierno no deben, por tanto, esconderse de la responsabilidad del consumo estadounidense para justificar el fracaso del Estado mexicano, o de su omisión, en la lucha contra el narcotráfico.

Tampoco deben mirar hacia otro lado ante la evidencia de que el empoderamiento de los criminales no hubiese tenido lugar sin la connivencia o abierta participación de las autoridades públicas, desde policías y alcaldes hasta gobernadores y altos funcionarios, como lo demuestra claramente el caso de Rubén Rocha en Sinaloa.

En suma, se trata de un problema binacional. Sin la colaboración transfronteriza ningún país saldrá bien librado. Hoy más que nunca se necesitan menos discursos sensacionalistas de personajes como Trump y Sheinbaum, y mucho más auténticas políticas de Estado hacia la solución de una problemática estructural que cercena vidas y destruye juventudes.