Según los antecedentes contenidos en el extenso expediente de la causa conocida como Operación Ámsterdam, vinculada a supuestos delitos en la venta de cannabis medicinal a través de la Corporación Dispensario Nacional, todo tuvo origen en una denuncia interpuesta por William Vásquez, por posible infracción a la Ley de Drogas.
Ese supuesto testimonio, vertido ante efectivos de Carabineros, sirvió como base para que la Fiscalía Regional de Aysén comenzara las pesquisas. De hecho, fue uno de los antecedentes principales que se utilizó para conseguir las primeras interceptaciones telefónicas.
Sin embargo, una vez que la causa quedó al descubierto y decenas de imputados fueron formalizados, Vásquez evidenció que él nunca presentó denuncia alguna. Según dejó plasmado en una querella admitida a trámite hace algunas semanas, su concurrencia a Carabineros en 2024 fue únicamente con objeto de obtener información referente a su proyecto de dispensario medicinal, pues pretendía celebrar contrato con Má Botanics, empresa que justamente abastecía a Dispensario Nacional.
El supuesto denunciante no es el único que se propuso evidenciar eventuales irregularidades en el proceso, pues recientemente la abogada Rocío Berríos, quien representa a Matías Landerer, uno de los principales socios de Má Botánics, también activó una ofensiva y se querelló por falsificación de prueba y otros delitos ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
Como se desprende en la acción, a la que tuvo acceso La Tercera y que fue declarada admisible durante la semana pasada, la denuncia de Vásquez o la llamada prueba cero, habría sido derechamente creada de manera artificial.
“Según dicha denuncia, de acuerdo con este oficio, Vásquez obtendría ‘marihuana’ de parte de una empresa de Talca llamada Má Botanics ‘para después cultivarla’, lo que no solo es falso, sino que derechamente no tiene sentido porque no es posible cultivar flores de cáñamo cosechadas”, se lee en la querella de Landerer, junto con sostener que el oficio que contiene esa supuesta denuncia fue falsificado.
Dado que el mismo protagonista de esa “falsa denuncia” niega haberla ingresado, Berríos insistió en que se está ante “una conducta que configura el delito de falsificación de instrumento público cometida por parte de funcionario público, puesto que supone en la denuncia la intervención de una persona que no la tuvo, le atribuye a esa persona declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hizo y falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales”.
La acción penal agrega que han solicitado en diversas oportunidades tener copia del mencionado oficio, pero que hasta ahora se les ha negado.
“Además, durante la audiencia de la formalización, frente a la insistencia de las defensas en clarificar cómo se había iniciado la indagatoria, la Fiscalía cambió dos veces su versión. Al inicio sostuvo que el OS7 de Aysén recibió una denuncia. Días después afirmó que fue el OS7 el que denunció en uso de sus facultades y finalmente la fiscal Núñez dijo que la investigación se inició de oficio. Ninguna de estas versiones tiene respaldo en la carpeta de investigación”, complementó.
Junto con ello, en la querella también se hizo alusión al contenido de los informes de las intervenciones telefónicas de las que fue objeto Landerer, donde a juicio de la defensa no sólo se interpreta de manera errónea cierta información, sino que -para ellos- se falsea.
“Sin base alguna, concluyen que se pudo establecer que el investigado William Vásquez mantiene una conversación con un sujeto al cual conoce como Matías, y de acuerdo a lo anterior que ambos estarían ‘en pleno conocimiento del cultivo, elaboración, fabricación, preparación, distribución, comercialización, infringiendo con ello varios artículos de la Ley de Drogas′“, reprocha la abogada, junto con destacar que eso no es menor, pues esa interpretación se utilizó por la Fiscalía para obtener prórroga de la interceptación.
Por ello, Berríos acotó: “Resulta inaceptable que estas interceptaciones telefónicas y otras medidas intrusivas se hayan practicado sin verificar la información proporcionada por la policía ni tampoco realizar diligencias mínimas de investigación. De haberse realizado, la Fiscalía fácilmente podría haber constatado que mi representado y el Sr. Vásquez estaba hablando de operaciones comerciales lícitas”.
Petición a Valencia
Considerando que la querella en cuestión se interpuso en la Región de Aysén, dado que ahí habría tenido lugar la falsificación de pruebas que se denuncia, la defensa de Landerer requirió al tribunal que se oficie al fiscal nacional y se le remita copia de los antecedentes, para que así designe la indagación derivada de la reciente querella a un persecutor que esté fuera de la región y no sea el mismo fiscal Libedinsky quien quede a cargo. Lo anterior fue solicitado en función del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Junto con ello, la penalista también sostuvo que se “debe considerar el insalvable conflicto de interés que existe entre la Fiscalía Regional de Aysén, cuyo máximo jefe ha asumido la investigación de la ‘Operación Ámsterdam’ e incluso asistió a varias jornadas de la audiencia de control de detención y formalización, con la investigación objetiva que se requiere para el esclarecimiento de los hechos de esta querella”.
Consultada sobre este punto, Berríos comentó a La Tercera que “obviamente el fiscal Libedinsky no puede estar a cargo de investigar a sus subalternos y a las policías que trabajaron con él en lo referente al Imperio Ámsterdam, pues no habría garantías de objetividad”.
