El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó durante la mañana de este martes en la Comisión de Seguridad del Senado, el traslado de un reo de alta peligrosidad al penal de Punta Arenas, apuntando que esta atribución corresponde a Gendarmería.

En su exposición en la instancia, es que Silva sostuvo que hay múltiples fallos previos “reafirmando la atribución exclusiva del director nacional (de Gendarmería) para disponer dónde se cumplen las penas privativas de libertad o las medidas cautelares privativas de libertad”.

“Sin embargo, tenemos Tribunales y Juzgados de Garantía que parecen desconocer esto. Y esto lo hacen amparados en el Código Procesal Penal, típicamente artículos 10 y 95, que le abren un margen para cuestionar la decisión de Gendarmería”, añadió.

Según mencionó, “evidentemente que los Tribunales de Ejecución de Pena serían una muy buena solución, pero es una medida a largo plazo”, añadiendo que “A corto plazo, sin embargo, nosotros vemos una corrección legislativa que podría ser muy eficaz”.

“Los jueces también están sujetos a la ley y al derecho, y hay que asegurarse de que ellos también cumplan con la ley y el derecho. Y una medida básica para asegurar eso es que la apelación proceda en todo caso”, señaló.

Es así como expresó que “lo que no puede ocurrirnos es que un juez tome esta decisión y esa decisión no se pueda revisar por su superior jerárquico. Eso es lo que no puede pasar”.

De acuerdo a lo que detalló, “aquí es donde creemos que hay una oportunidad para modificar la ley, obligando, no a través del Ministerio Público, sino de Gendarmería de Chile, a que la decisión de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal Oral en lo Penal, pueda revisarse por su superior jerárquico, a solicitud del órgano competente”

Es así como apuntó que “si a ese juez no le damos la protección que significa a su superior jerárquico que puede eventualmente enmendarle la decisión, creo que abrimos un frente muy, muy vulnerable para que el crimen organizado extienda su red a través de este vehículo, que es decidir vía judicial donde las personas van a ser privadas de libertad”.

En la instancia, el senador y presidente de la comisión, Karim Bianchi, cuestionó la decisión judicial señalando que “a mí me parece increíble que el crimen organizado esté llegando a Magallanes de parte de un juez. No existe un sicario en Magallanes, lo están enviando por vía judicial”.

“Yo le quiero pedir, subsecretario, ojalá usted pueda aplicar el artículo 32, número 13 de la Constitución, pedirle al Presidente de la República, porque yo creo que acá efectivamente no se está actuando dentro del marco normativo”, añadió.

En tanto, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, destacó la importancia de la segregación apuntando que esta debe ser “por riesgo y peligrosidad, es decir, por el perfil criminológico y no la conducta”.

Por su parte, el senador Pedro Araya, planteó que “Nosotros necesitamos con urgencia avanzar en los tribunales de cumplimiento de condena”, añadiendo que “si nosotros tuviéramos tribunales de cumplimiento de condena, probablemente este tema estaría superado”.

Proyecto que endurece sanciones por agresiones a policías

En la ocasión, la Comisión de Seguridad, además continuó con la discusión del proyecto que endurece sanciones por agresiones a las policías.

Durante la sesión, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, destacó la importancia del proyecto señalando que “en el contexto de crisis de seguridad que hoy día enfrentamos, quien agrede a un carabinero, a un detective o a un gendarme, agrede el Estado de Derecho”

Es así como apuntó que “el proyecto lo que busca es que la agresión tenga una consecuencia real, que acá en este caso es una pena privativa de libertad, y castigar con mayor severidad a quienes atacan en grupo, que eso es muy relevante en este proyecto, y sanciona además el insulto grave a la función policial, sin aumentar las penas máximas ni criminalizar la crítica legítima que entendemos que siempre va a existir”.

En la ocasión, la subsecretaria defendió el proyecto señalando que “acá no se está penalizando la crítica que es legítima a la policía, sino que es la humillación y la agresión en el ejercicio de sus funciones. Eso, para nosotros, no es aceptable”.

En la misma línea, el senador Andrés Longton, señaló que los insultos a las policías se ha vuelto “parte de la normalidad”, añadiendo que “es verdad que hay una pugna con la libertad de expresión, pero la libertad de expresión nunca puede ser a costa de la honra de las personas, y eso también está resguardado constitucionalmente”.

“Es un disuasivo, yo creo, bastante efectivo el sacar de circulación, el poder detener a una persona, claramente que disuade. Una persona sabe hoy día que si insulta a carabineros se va a ir detenido, va a haber un control de detención”, mencionó, añadiendo que “genera también un carácter más que sancionatorio preventivo”.

Por su parte, la Defensora Nacional Penal Pública, Verónica Encina, planteó reparos respecto de la nueva figura asociada a los insultos u ofensas graves. Según mencionó, a su juicio, el proyecto debe precisar que el bien jurídico protegido es la dignidad institucional y no la honra individual del funcionario.

Encina además advirtió que la nueva figura mantiene similitudes con el antiguo delito de desacato, derogado debido a su pugna con el derecho a la libertad de expresión, por lo que sostuvo que “subsiste, por lo tanto, la discusión de eventual inconstitucionalidad de la norma”.