La crisis de inseguridad que azota a Sinaloa ha calado tan profundo que ni las propias autoridades de derechos humanos pueden poner un pie en sus prisiones. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo se vio obligado a suspender las revisiones e inspecciones en los penales estatales debido al alto riesgo que representa la violencia del crimen organizado.

La situación ubica a los centros penitenciarios de la entidad en un estado insostenible de desgobierno e impunidad, dejando a una población de cerca de 5 mil personas privadas de la libertad a la deriva, sumidas en un entorno reprobado y altamente peligroso.

Miedo a la delincuencia frena las revisiones

El informe de la CNDH revela que el personal visitador tuvo que suspender la aplicación de las guías de supervisión en recintos clave como el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, y el Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura.

Las razones esgrimidas por el organismo defensor responden directamente al clima de hostilidad armada y control criminal en la región. La multiplicación de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados a las afueras y el recrudecimiento de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada obligaron a retirar al personal de supervisión para resguardar su integridad física.

La propia violencia desatada al interior de los mismos penales —que refleja la ingobernabilidad de los centros locales— impidió realizar el levantamiento de datos presencial.

Radiografía del colapso local

A pesar de las limitaciones para concluir las inspecciones en la totalidad de las instalaciones, la evaluación estatal arrojó un contundente y reprobatorio promedio de 5.02 de calificación. Este resultado coloca a Sinaloa en el "rango rojo" de la escala nacional, confirmando deficiencias críticas y graves omisiones en el sistema penitenciario local.

El diagnóstico de la CNDH evidencia un panorama sombrío en las cárceles locales:

  • Control del crimen organizado: Los penales han pasado de ser centros de rehabilitación a bastiones operativos de los cárteles, donde la autoridad estatal ha perdido el control de las dinámicas internas.
  • Déficit severo de custodia: Existe una falta crítica de custodios y guardias de seguridad. El escaso personal que permanece resulta insuficiente y vulnerable para contener motines, mantener el orden o frenar la violencia entre reclusos.
  • Vulneración de derechos e integridad: La ingobernabilidad y el hacinamiento se traducen en un constante riesgo para la vida de las personas privadas de la libertad, garantizando una estancia distante de cualquier principio de dignidad o reinserción social.

Sin presencia de inspectores independientes ni garantías básicas para la vida de los internos, los penales estatales de Sinaloa operan hoy bajo la sombra de la violencia desbordada y la total indefensión institucional.