Una compleja situación de seguridad y convivencia se registra en las dependencias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.
Según denuncias formuladas por trabajadores del recinto aéreo, hasta 30 personas en situación de calle permanecen e instalan estructuras improvisadas para pernoctar, principalmente en el segundo nivel del terminal nacional.
Los funcionarios, quienes resguardaron su identidad, aseguraron que algunas de estas personas llevan meses instaladas en el lugar, acusando además incivilidades como consumo de bebidas alcohólicas en pasillos, incitaciones a desórdenes y la ocurrencia de hurtos que han afectado a pasajeros en tránsito.
Consultados por The Clinic respecto a la problemática, desde la concesionaria del Aeropuerto de Santiago explicaron que el fenómeno replica lo que ocurre en otras infraestructuras de uso público como recintos asistenciales o estaciones de transporte masivo.
Sin embargo, enfatizaron sus limitaciones jurídicas para concretar desalojos: “Al ser el aeropuerto una infraestructura pública, la empresa concesionaria no tiene la potestad legal ni las atribuciones para forzar el retiro de las personas de un espacio público. Tampoco existen ámbitos de acción definidos en su contrato de operación”, argumentaron desde la entidad.
En esa línea, la administración remarcó que el abordaje de la situación “compete al Estado, tanto desde el ámbito de la seguridad, a través de Carabineros, como desde la protección social y el resguardo de la dignidad, por medio del Ministerio de Desarrollo Social”.
Desde la administración del terminal aéreo indicaron que la inquietud ha sido expuesta formalmente a las autoridades de distintas administraciones del Ejecutivo, advirtiendo sobre el impacto negativo que este escenario genera en la experiencia de usuarios y trabajadores.
Como medida inmediata, el aeropuerto confirmó una alianza con la Fundación Nuestra Casa para ejecutar un catastro que permita diagnosticar las condiciones particulares de cada individuo, con el fin de avanzar en procesos de regularización de documentos, capacitación del personal de seguridad privada e intermediación con la red de asistencia social del Estado.
