Siete funcionarios públicos y tres empresarios de la Región del Maule quedaron en prisión preventiva tras su formalización ante el Juzgado de Garantía de San Javier por delitos de corrupción.
Los 10 imputados fueron detenidos la madrugada de este lunes 5 de octubre en un despliegue coordinado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) denominado operación Castillo de Naipes.
La indagatoria partió en 2024 cuando una de las municipalidades afectadas descubrió la existencia de posibles delitos de parte de funcionarios.
El trabajo investigativo permitió establecer que maniobras similares, relacionadas principalmente con defraudaciones al Fisco y cohecho, se estaban cometiendo por parte de una constructora en las comunas de Colbún, Longaví, Villa Alegre, San Javier, contando además con la participación de dos funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Maule en esa época.
“Se ven, lamentablemente, involucradas personas que pertenecen a la administración pública, funcionarios públicos de diversas municipalidades de la región y también personas de empresas privadas, en una causa en la que existe una asociación criminal dedicada a defraudar al Estado. Se ha pesquisado hasta el momento que la defraudación ascendería a un monto cercano a los 3 mil millones de pesos y por concepto de soborno, y delitos relacionados habría al menos 316 millones de pesos que también se habrían visto involucrados en esta situación”, detalló el fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña.
El fiscal jefe de la Fiscalía de San Javier, Patricio Caroca, junto a personal especializado de la PDI ha liderado las pesquisas.
Tras nueve horas de audiencia, el tribunal acogió cada uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público, acogiendo la medida cautelar de prisión preventiva para los siete hombres y tres mujeres involucrados en estos ilícitos.
“Se han utilizado todos los recursos de la Fiscalía y hemos dedicado tiempo de la unidad especializadas del Ministerio Público para trabajar mancomunadamente con la Brigada de Delitos Económicos y poder recopilar evidencias de calidad, pruebas contundentes, que tal como se escuchó en la audiencia, el tribunal dio por establecido todos los delitos de cohecho, gran parte de los delitos de fraude al fisco, lo que permitió hoy día que luego de formalizar la investigación se decretara la prisión preventiva de todas estas personas”, destacó el fiscal Caroca.
Por su parte el prefecto inspector Luis Salazar, jefe de la región policial Maule de la PDI, precisó que alrededor de 70 detectives dieron cumplimiento a 13 órdenes de entrada y registro y órdenes de detención para detener a los tres empresarios y los siete funcionarios públicos.
Investigación de la Brigada de Delitos Económicos #Linares y @FiscaliaMaule, permitó detener a 10 funcionarios públicos que, cumpliendo funciones en el gobierno regional y los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, defraudaron al Estado por cerca de $2.972 M. pic.twitter.com/ZTKOhUW9dy
— PDI Maule (@PDI_Maule) October 5, 2026
Salazar dijo que se trata de un trabajo de alta complejidad, atendiendo que analizan delitos como malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos privados y público y lavado de activos, entre otros.
“Hay falsificación de instrumentos públicos, hay facturas que han sido manipuladas, y estas empresas particulares también, a través de factoring, hacen cobros de las mismas facturas. Entonces, ahí es donde viene la malversación, y obviamente esto es una asociación criminal en la cual hay vínculos que están siendo investigados, y también va a continuar esta investigación. Hay incautación de sus aparatos electrónicos, por lo cual también obviamente van a ser realizados los análisis respectivos con las unidades especializadas”, detalló.
Las diligencias en torno a esta causa continúan ya que aún existen tres personas con órdenes de detención pendiente y la investigación no descarta que otras sean sumadas a las formalizaciones.
Según información de Diario Talca, los imputados corresponden a David Ernesto Pereira Leiva, propietario de Pereira Limitada; Aida Guadalupe Leiva Torres, copropietaria de la misma empresa constructora; Patricio Javier Pedraza Portugués, propietario de la consultora Inversa SpA; Rodrigo Alonso San Martín Henríquez, jefe de Control de Obras Civiles del GORE del Maule; Óscar Eduardo Pérez Ramos, jefe de División de Inversiones del GORE del Maule; René Antonio Alarcón Salinas, inspector de obras municipales de Villa Alegre; Luis Matías Paz Osses, inspector de obras municipales de San Javier; Marisel Andrea Astudillo Meza, encargada Unidad de Abastecimiento de Villa Alegre; Yolanda de Lourdes López López, inspectora técnica de la Dirección de Obras de Longaví; Rafael Enríquez Viguera González, coordinador de obras del DAEM de Villa Alegre.
