El quiebre entre Ana Sol Romero y Douglas ha sido una de las pautas que se ha tomado la farándula nacional, pero también ha dejado potentes antecedentes.
El matrimonio, que duró 25 años, terminó en agosto pasado. Según expuso un documento judicial obtenido por Las Últimas Noticias, el cantante puso un rastreador en el auto de su ahora exesposa.
“El marido ha rastreado y vigilado a la esposa sin su consentimiento” y “la esposa cree además que el esposo instaló una aplicación de seguimiento o monitoreo en su teléfono móvil, tiene acceso a la cuenta telemática del fabricante de su auto o ha instalado cámaras adentro o afuera de la residencia que transmiten a su teléfono”, expone el documento.
Cabe destacar que esto eran pruebas para una petición de disolución del matrimonio en el estado de Florida, Estados Unidos, lugar donde vivían.
Todo esto volvió a instalar una pregunta bien delicada: qué tan lejos puede llegar el control dentro de una relación antes de transformarse en un problema legal.
Según la versión de la comunicadora, este dispositivo permitiría explicar por qué su expareja aparecía de manera inesperada en distintos lugares donde ella estaba, además de supuestamente manejar información sobre sus movimientos.
¿Que pasaría en Chile?
Más allá del caso puntual, el abogado Bryan Véliz Campos, director general de Legalfam y experto en derecho de familia, explicó qué podría ocurrir en Chile si una persona instala un rastreador para seguir a su pareja.
Según el profesional, aunque esta conducta no está tipificada como un delito específico, sí podría traer consecuencias importantes, ya que eventualmente puede ser considerada violencia intrafamiliar si implica control, vigilancia o afectación a la autonomía de la otra persona.
En ese escenario, una denuncia podría permitir que el tribunal adopte medidas cautelares, como prohibición de acercamiento o incluso la salida del hogar común. Además, si el dispositivo permite captar conversaciones, imágenes privadas u otro tipo de información íntima, el caso podría escalar a una arista penal.
Véliz también señaló que, aunque en Chile no existe una ley general de stalking, este tipo de hechos pueden ser entendidos como hostigamiento, violencia psicológica o violencia de género, especialmente cuando hay vigilancia sobre los desplazamientos de una mujer.
El abogado agregó que estos antecedentes también pueden influir en causas de divorcio, cuidado de hijos o compensaciones económicas.
