En comparación con 2023, la violencia política de género se ha triplicado en quejas y denuncias de enero al 20 de septiembre de este año, según el último informe presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre este fenómeno a nivel federal.
Mientras que para estas mismas fechas en 2023 se habían presentado 17 quejas, en 2026 ya van 46 medios de impugnación interpuestos por mujeres debido al acoso derivado de su decisión de participar en la vida pública.
De esta cantidad, el 85% de las agresiones registradas se han dado a través de redes sociales.
Si bien en el ámbito federal la violencia política de género, la calumnia y otros contenidos prohibidos en plataformas digitales han estado más acotados, estos temas tienen mayor presencia a nivel local. Por ello, los institutos electorales de las entidades concentran cientos de peticiones de información a empresas de internet y solicitudes de restricción de contenidos que violan la legislación electoral.
Foco de agresiones en plataformas digitales
Del 1 de enero al 20 de septiembre pasado, los institutos locales y el INE han realizado 745 actuaciones referentes a redes sociales a fin de investigar quejas y denuncias dentro de Procedimientos Especiales Sancionadores, Procedimientos Ordinarios Sancionadores y solicitudes de medidas cautelares.
De esa cifra, 436 acciones de los institutos locales fueron dirigidas a Meta por tratarse de contenidos publicados en Facebook e Instagram, ocho a la red social X, 14 a TikTok y 99 a contenidos administrados por Google, de acuerdo con el reporte del órgano electoral.
Adicionalmente, se tramitaron 186 solicitudes dirigidas a las plataformas para retirar información que presumiblemente violaba la ley electoral. De esta cantidad, 184 peticiones fueron enviadas a Meta y dos a la red social X. Por su parte, las juntas locales y distritales del INE realizaron dos actuaciones para requerir información a Meta.
Los informes respectivos de 2023 no desglosaron las actuaciones realizadas por los institutos locales y el INE en materia de redes sociales, por lo que no existe un parámetro directo para determinar si el número de acciones en este rubro aumentó o disminuyó.
Disparidad en medidas cautelares y afiliación indebida
En el mismo periodo de 2026 se recibieron mil 401 solicitudes de medidas cautelares: 29 formuladas por partidos políticos, mil 362 por la ciudadanía, cinco por personas servidoras públicas y cinco promovidas de oficio.
El panorama de este año contrasta con el de 2023. Mientras en 2026 el mayor número de solicitudes fue presentado por ciudadanas y ciudadanos molestos tras ser incluidos como militantes sin su consentimiento (afiliación indebida, con mil 362 medidas solicitadas), en 2023 este rubro no tuvo relevancia; en cambio, destacaron las 894 medidas cautelares solicitadas por los partidos para frenar los actos anticipados de precampaña y campaña denunciados por la oposición.
Distribución de quejas e investigación de calumnias
En el lapso analizado por el informe se recibieron 50 quejas investigadas o por investigar mediante Procedimientos Especiales Sancionadores. De este total, 16 corresponden a calumnia, 13 a uso indebido de la pauta en radio y televisión, 11 por presunta adquisición de tiempos en medios electrónicos, tres por actos anticipados de campaña (exclusivamente a nivel federal para diputaciones), tres por presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, tres relacionadas con el interés superior de la niñez y una por motivos no especificados.
Cabe recordar que el INE ha rechazado iniciar investigaciones sobre presuntos actos anticipados de campaña relacionados con los coordinadores o defensores que Morena, el PAN y el PRI han nombrado en las entidades con elecciones a la gubernatura para 2027.
La autoridad electoral determinó que estos casos corresponden al ámbito local y son competencia exclusiva de los institutos electorales de cada entidad. Por ello, se han desechado las quejas de la oposición contra los aspirantes, aun cuando se argumente la existencia de una estrategia sistemática para el nombramiento anticipado de candidaturas. Este criterio del INE ha sido ratificado en diversas ocasiones por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
