Donald Trump no viaja solo. Viaja el presidente, viaja el empresario, viaja el apellido, viajan los hijos, viajan los negocios, viajan los asistentes más cercanos y viaja todo un ecosistema personal que se mueve con extraordinaria naturalidad entre familia, política, poder y marca. El problema empieza cuando resulta cada vez más difícil distinguir dónde termina una cosa y comienza la otra. Y eso es precisamente lo que vuelve a ocurrir alrededor de Trump: no porque cada episodio sea necesariamente ilegal, sino porque el conjunto termina construyendo una Presidencia donde la frontera entre interés público, promoción personal, negocios familiares y aparato del Estado parece cada vez más tenue.
No es la primera vez que observamos ese patrón. Ya habíamos señalado cómo Trump suele desplazarse acompañado por una corte muy particular en la que aparecen hijos, familiares, colaboradores íntimos y asistentes de absoluta confianza como Natalie Harp, una de las personas más cercanas al presidente y presencia habitual a su lado en Air Force One y Marine One. Su cargo formal es el de asistente especial y asistente ejecutiva del presidente, pero su cercanía ha llamado la atención precisamente porque forma parte de ese pequeño círculo personal que acompaña a Trump prácticamente a todas partes y que, en muchos momentos, parece desplazarse alrededor suyo como una extensión de su propio universo.
Eso ayuda a entender mejor la palabra manada. No se trata solamente de los Trump por sangre. Es un círculo más amplio compuesto por familia, colaboradores incondicionales, asistentes, socios, operadores y personas cuya posición deriva, de una u otra manera, de su cercanía con el centro del poder. Todos viajan con el presidente, todos participan de la exposición extraordinaria que produce la Presidencia y todos forman parte de una estructura donde el apellido Trump funciona al mismo tiempo como identidad política, marca empresarial y símbolo de poder.
La escena de Irlanda resultó casi perfecta para retratarlo. Trump combinó compromisos institucionales con una estancia en Doonbeg, el resort de golf ligado a su propia organización familiar, precisamente mientras allí se desarrollaba el Irish Open. Eric Trump estaba presente y otros integrantes del entorno familiar aparecieron vinculados al evento. El presidente llegó acompañado por Air Force One, Marine One, seguridad estadounidense, dispositivos de protección irlandeses, caravanas, restricciones y toda la maquinaria necesaria para proteger al jefe de Estado más poderoso del planeta. Todo eso es normal cuando viaja un presidente de Estados Unidos. Lo que deja de ser completamente normal es que semejante despliegue termine concentrándose alrededor de una propiedad privada vinculada con el propio presidente y su familia.
No hace falta demostrar una ilegalidad para advertir el problema. Doonbeg recibió durante días una exposición mundial extraordinaria. Las cámaras internacionales mostraron el complejo porque allí estaba Donald Trump. El nombre Trump aparecía simultáneamente en el cargo presidencial y sobre una propiedad familiar. El torneo de golf proporcionó además una vitrina deportiva formidable y el dispositivo gubernamental hizo inevitable que la cobertura política se mezclara con la promoción indirecta del lugar. No era necesario comprar publicidad: la Presidencia llevaba las cámaras.
Ésa es precisamente la zona que debería preocupar en cualquier democracia seria. El poder público no solamente debe actuar conforme a la ley; también debe conservar una distancia suficientemente visible respecto de los intereses privados de quien lo ejerce. El ciudadano debe poder saber cuándo una decisión pertenece al Estado y cuándo produce, al mismo tiempo, un beneficio para el individuo, su familia o sus empresas.
Trump nunca ha sido particularmente cuidadoso con esa separación simbólica. Su apellido fue marca comercial durante décadas antes de convertirse también en marca política. Hoteles, campos de golf, torres, licencias, productos, campañas, redes sociales y ahora nuevamente la Presidencia conviven bajo un mismo nombre. Esa circunstancia por sí sola no convierte cada acto presidencial en un conflicto de interés, pero sí obliga a exigir un nivel de transparencia mucho mayor, porque cada vez que Trump visita una propiedad vinculada con su familia, esa propiedad recibe una exposición que difícilmente podría comprar por medios ordinarios.
Y cada vez que sus hijos desarrollan negocios mientras su padre ocupa la Casa Blanca aparece inevitablemente la misma pregunta: ¿cuánto vale realmente la proximidad con el poder? La cercanía al presidente abre puertas, genera contactos, facilita reuniones, produce prestigio, reduce incertidumbre para algunos inversionistas y, en determinados sectores, puede modificar incluso la percepción sobre qué empresas, personas o proyectos cuentan con acceso privilegiado al centro del poder político.
Eso no significa que cada operación empresarial de Donald Trump Jr. o Eric Trump sea consecuencia del cargo presidencial de su padre. Sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco puede fingirse que el apellido de ambos vale exactamente lo mismo cuando Donald Trump está en la Casa Blanca que cuando no lo está. Esa diferencia exige vigilancia.
En las últimas semanas el asunto ha dejado de ser exclusivamente una crítica de los adversarios demócratas. Un senador republicano pidió formalmente que se investiguen negocios vinculados con Donald Trump Jr., sus relaciones con actores extranjeros y posibles regalos o beneficios recibidos. Eso no demuestra culpabilidad alguna, pero sí revela que incluso dentro del propio partido presidencial comienza a existir preocupación sobre la apariencia de que miembros de la familia puedan beneficiarse de su extraordinaria proximidad al poder.
Y hay otro elemento que vuelve todavía más delicada la discusión: los anuncios televisivos financiados con dinero público en los que aparece el propio Donald Trump. La Casa Blanca sostiene que se trata de mensajes de servicio público destinados a promover patriotismo y políticas gubernamentales. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han cuestionado que esas piezas tengan un tono extraordinariamente parecido al de anuncios de campaña, precisamente cuando Estados Unidos se acerca a las elecciones legislativas de noviembre.
La discusión jurídica seguramente continuará, pero la discusión política es bastante más sencilla: ¿debe el dinero de los contribuyentes utilizarse para difundir mensajes que exaltan directamente la figura del presidente? Una administración tiene derecho a comunicar políticas públicas. Todos los gobiernos lo hacen. Puede explicar programas, informar sobre servicios, promover campañas de salud, seguridad o protección civil. El problema aparece cuando el mensaje deja de explicar una política concreta y empieza a parecer construido principalmente para reforzar la imagen personal de quien gobierna.
Ahí otra vez se desdibuja la frontera: presidente, candidato, marca, gobierno, familia, negocio y publicidad empiezan a confundirse alrededor del mismo apellido. Ése es el verdadero sentido de hablar de poder sin fronteras. No porque Trump tenga poder ilimitado en términos constitucionales. Estados Unidos conserva tribunales, Congreso, elecciones, medios, gobiernos estatales e instituciones capaces de confrontarlo. El problema está en otra parte: en la normalización cultural de que la persona, la familia y el cargo parezcan cada vez más difíciles de separar.
Trump siempre ha entendido la política como espectáculo y la Presidencia como una formidable plataforma de comunicación. En eso probablemente no existe otro político contemporáneo con una capacidad semejante. Domina la televisión, las redes sociales, el evento, la provocación y la imagen. Sabe convertir prácticamente cualquier acontecimiento en una escena protagonizada por él.
El problema es que una Presidencia no es un programa de televisión, ni una empresa familiar, ni una franquicia, ni una marca. Es una institución pública. Y las instituciones existen precisamente para sobrevivir a las personas que temporalmente las ocupan.
La familia tampoco debe ser tratada como culpable por definición. Los hijos adultos de un presidente tienen derecho a trabajar, invertir, hacer negocios y desarrollar su propia vida económica. No sería razonable exigirles que permanezcan inmóviles durante cuatro años simplemente por su apellido. Pero tampoco sería razonable pedir a la sociedad que finja que su parentesco con el presidente carece de valor comercial, político o social. Lo tiene. Y cuanto mayor es ese valor, mayor debe ser la transparencia.
Lo mismo ocurre con los colaboradores extraordinariamente cercanos. Natalie Harp, por ejemplo, ha adquirido una presencia pública precisamente por su nivel de proximidad con Trump. Es frecuente verla acompañándolo en traslados presidenciales y forma parte de un círculo reducido que tiene acceso constante al mandatario. No existe nada irregular en que un presidente confíe profundamente en una asistente. Todos los mandatarios tienen colaboradores de enorme cercanía. La pregunta aparece cuando el gobierno comienza a parecer estructurado alrededor de niveles personales de fidelidad más que de funciones institucionales.
Eso también explica la importancia de la manada. Trump valora muchísimo la lealtad. Lo ha demostrado durante toda su carrera política. Premia a quienes permanecen cerca, desconfía profundamente de quienes lo contradicen y construye círculos de confianza donde la fidelidad personal puede llegar a tener un peso comparable al de la experiencia o el cargo formal. Para sus seguidores, eso demuestra que ha aprendido de su primera Presidencia y que ya no quiere funcionarios capaces de bloquear su agenda desde dentro. Para sus críticos, significa precisamente lo contrario: que está construyendo un gobierno demasiado dependiente de personas cuya principal virtud es no cuestionarlo.
Ambas interpretaciones existen, pero hay una cuestión institucional que debería preocupar independientemente de simpatías políticas: un presidente necesita personas capaces de decirle que no, especialmente un presidente de Estados Unidos. Porque las decisiones que toma no afectan solamente a su gobierno o a su partido. Afectan guerras, mercados, monedas, alianzas, comercio, seguridad nuclear, millones de empleos y, en algunos casos, millones de vidas.
Una corte formada exclusivamente por personas que saben qué quiere escuchar el líder puede resultar cómoda, pero rara vez resulta saludable. Por eso Doonbeg, los hijos, los negocios, los anuncios financiados con dinero público y la extraordinaria cercanía de determinados asistentes no son historias completamente separadas. Todas pertenecen a la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando el poder deja de tener fronteras suficientemente claras alrededor de quien lo ejerce?
Trump tiene derecho a visitar sus propiedades, sus hijos tienen derecho a hacer negocios, Natalie Harp tiene derecho a desempeñar el cargo para el que fue contratada, el gobierno tiene derecho a promover sus políticas y la familia presidencial tiene derecho a acompañarlo. Nada de eso es en sí mismo extraordinario. Lo extraordinario aparece cuando todo sucede simultáneamente y bajo una misma lógica personal.
La manada viaja, la marca viaja, el gobierno viaja, el poder viaja y todos parecen formar parte de la misma caravana. Las democracias no deberían depender de la confianza personal en quienes gobiernan. Precisamente por eso existen normas sobre conflictos de interés, transparencia, financiamiento público, ética gubernamental y separación entre actividad política y función estatal. No porque todos los presidentes sean corruptos, sino porque ningún presidente debería tener que pedirnos simplemente que confiemos en que no lo será.
La fortaleza de una institución se mide por su capacidad para hacer innecesaria esa confianza. Y ahí está la advertencia: los precedentes sobreviven a quienes los crean. Cada frontera que se borra durante una Presidencia puede quedar disponible para la siguiente. Si hoy consideramos aceptable que dinero público financie mensajes extraordinariamente personalistas porque simpatizamos con Trump, mañana tendremos menos argumentos para protestar cuando otro presidente haga lo mismo. Si aceptamos que propiedades privadas vinculadas con un mandatario reciban beneficios indirectos derivados de la exposición presidencial sin exigir controles claros, habremos establecido una práctica utilizable por cualquiera. Si consideramos normal que familiares del jefe del Estado desarrollen negocios en sectores estrechamente conectados con decisiones gubernamentales sin escrutinio riguroso, estaremos sustituyendo reglas por confianza.
Y las repúblicas no deberían funcionar así.
El problema de Trump y la manada no está necesariamente en que exista una conspiración familiar para apropiarse del Estado. La cuestión es más sutil y quizá más importante: es la gradual normalización de una Presidencia en la que persona, familia, negocios, asistentes, política y gobierno parecen formar cada vez más parte de una misma estructura, hasta que un día ya nadie pregunta dónde termina una cosa y comienza la otra.
Ése sería el verdadero peligro. Porque una democracia puede soportar un presidente extraordinariamente rico, personalista, polémico y rodeado de familiares. Puede soportar hijos empresarios, asistentes devotos y un mandatario obsesionado con su propia imagen. Lo que no debería permitir es que la ciudadanía termine acostumbrándose a que el poder público se comporte como una extensión natural del universo privado del gobernante.
Cuando la Presidencia empieza a parecer parte del patrimonio familiar, el problema ya no es la familia: es la Presidencia. Y cuando las fronteras entre Estado, partido, negocios y apellido dejan de verse, conviene recordar una sentencia elemental: en una república el poder puede tener ocupante, pero nunca propietario.
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