Trump puede perder el Congreso, pero ¿quién se atreverá a frenarlo?

Donald Trump puede intentar cambiarle el nombre a un océano, convertir cada discurso en un espectáculo, multiplicar las provocaciones y mantener entretenidos a sus seguidores con ocurrencias que parecerían propias de un empresario obsesionado con colocar su marca en todas partes. Pero hay algo que no podrá cambiar por decreto ni resolver con aplausos: el próximo 3 de noviembre los estadounidenses votarán para renovar el Congreso y decidirán si le mantienen las mayorías legislativas que han facilitado buena parte de su segundo mandato. Faltan apenas tres semanas y las encuestas muestran señales de un desgaste importante, aunque todavía insuficientes para anticipar resultados definitivos. La verdadera pregunta, sin embargo, no es solamente si Trump perderá el control de una o ambas cámaras, sino si finalmente aparecerán legisladores dispuestos a ejercer los contrapesos que hasta ahora no han logrado contener suficientemente su concentración de poder. Porque la manada sigue ahí, ha ocupado buena parte de la finca y quienes deberían vigilar las puertas parecen haberse acostumbrado peligrosamente a verla pasar.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre podrían modificar de manera significativa el escenario político estadounidense. Se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente una tercera parte del Senado, en medio de un ambiente marcado por el encarecimiento de la vida, las controversias migratorias, la guerra con Irán y una creciente discusión sobre los límites de la autoridad presidencial. Los demócratas aparecen favorecidos en distintas mediciones de intención de voto, mientras la aprobación de Trump se mantiene considerablemente por debajo de los niveles registrados al inicio de su mandato. Pero las elecciones estadounidenses no se deciden mediante una sola votación nacional: cuentan los distritos, los candidatos, la participación efectiva, las condiciones particulares de cada estado y una configuración electoral que no siempre reproduce fielmente las preferencias expresadas en las encuestas generales.

Una medición de Reuters/Ipsos divulgada en septiembre registró 44% de preferencia legislativa para los demócratas frente a 37% para los republicanos, mientras la aprobación presidencial rondaba entonces el 35%. Otras encuestas posteriores han mostrado un deterioro adicional de la valoración del mandatario, especialmente en materia económica. Sin embargo, los análisis más recientes también advierten que los demócratas enfrentan obstáculos importantes: relativamente pocos distritos verdaderamente competitivos, ventajas republicanas en financiamiento, dificultades para recuperar escaños senatoriales y una base trumpista que conserva capacidad de movilización. Por eso sería prematuro hablar de una derrota consumada o de una transformación inevitable del Congreso.

Lo que sí resulta evidente es que Trump enfrenta una prueba política de enorme importancia. Si los republicanos conservan ambas cámaras, el presidente mantendría condiciones legislativas relativamente favorables para impulsar su agenda. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrían establecer controles más intensos, promover investigaciones y dificultar determinadas iniciativas. Y si también obtuvieran el Senado, la nueva correlación de fuerzas afectaría incluso la confirmación de funcionarios y jueces, una facultad particularmente trascendente para cualquier Presidencia. Pero ninguna de esas posibilidades significa automáticamente que Trump deba abandonar el cargo. Su mandato constitucional concluye en enero de 2029 y perder las mayorías parlamentarias no equivale a perder la Presidencia.

La diferencia es fundamental porque existe una tentación comprensible de interpretar las elecciones como el comienzo del final de un personaje que ha conseguido sobrevivir políticamente a situaciones extraordinarias. Trump perdió la Presidencia en 2020, enfrentó dos procesos de impeachment durante su primer mandato, atravesó controversias judiciales y regresó a la Casa Blanca con una fuerza electoral que muchos de sus adversarios habían subestimado. Esa trayectoria obliga a desconfiar de cualquier anuncio prematuro sobre su desaparición política. El desgaste es real, pero la pérdida de popularidad no elimina automáticamente la capacidad de gobernar, movilizar seguidores ni utilizar las facultades constitucionales del Ejecutivo.

Y aquí llegamos al problema de fondo. Estados Unidos posee un sistema constitucional concebido para impedir que el poder presidencial se convierta en autoridad ilimitada. El Congreso dispone de facultades legislativas, presupuestales y de fiscalización; los tribunales pueden revisar actuaciones gubernamentales y los estados conservan atribuciones propias dentro del sistema federal. Pero ninguna arquitectura institucional funciona exclusivamente por la solemnidad de sus textos. Los contrapesos requieren personas dispuestas a ejercerlos, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para sus partidos, sus dirigentes o sus propias aspiraciones políticas.

Durante este segundo mandato han existido numerosas controversias que merecían una supervisión parlamentaria particularmente rigurosa. La utilización de aranceles para imponer condiciones internacionales, las decisiones militares, las operaciones de las agencias migratorias, los posibles conflictos entre intereses privados y responsabilidades públicas y las disputas con autoridades estatales han provocado críticas, litigios y cuestionamientos de diversa naturaleza. No todas las actuaciones presidenciales son ilegales por ser controvertidas, ni toda crítica demuestra un abuso. Precisamente por eso resulta indispensable que existan investigaciones capaces de separar hechos, interpretaciones y responsabilidades, sin convertir la lealtad partidista en un escudo automático para el Ejecutivo.

La experiencia reciente deja una impresión inquietante: muchas controversias producen una reacción intensa durante algunos días, pero después desaparecen de la conversación principal sin que necesariamente hayan quedado resueltas. Una decisión de ICE, una confrontación con un gobernador, una declaración presidencial extravagante o una operación militar pueden provocar protestas, debates y exigencias de explicaciones, hasta que otro episodio ocupa su lugar. Los procesos judiciales pueden continuar y algunas investigaciones avanzar, pero la atención colectiva se desplaza. Entonces surge una pregunta que merece formularse con toda seriedad: ¿estamos presenciando una normalización de los excesos o simplemente una sociedad agotada por una sucesión interminable de conflictos?

Las sociedades no pueden mantenerse permanentemente movilizadas. Los ciudadanos necesitan trabajar, atender a sus familias y enfrentar problemas cotidianos. La disminución de las manifestaciones tampoco significa necesariamente aprobación de aquello contra lo que antes se protestaba. Pero existe una diferencia entre que desaparezcan las imágenes de las calles y que las instituciones mantengan mecanismos efectivos de supervisión. Cuando disminuye la presión social, la responsabilidad parlamentaria debería adquirir todavía mayor importancia. El Congreso no puede depender de que todos los días existan multitudes manifestándose para cumplir sus obligaciones constitucionales.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas constituyen un ejemplo particularmente sensible. Las controversias relacionadas con detenciones, procedimientos migratorios, condiciones de internamiento y posibles vulneraciones de derechos no han desaparecido, aunque algunos episodios reciban hoy menor atención pública. Estados Unidos tiene derecho a aplicar sus leyes migratorias y controlar sus fronteras, pero esas atribuciones deben ejercerse respetando las garantías constitucionales, el debido proceso y los derechos de las personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. También deben protegerse los derechos de ciudadanos y residentes que pudieran verse afectados por actuaciones indebidas. La vigilancia institucional no puede disminuir simplemente porque los medios de comunicación hayan encontrado otra noticia más llamativa.

Algo semejante ocurre con las figuras políticas que han encabezado la oposición pública a Trump. Gavin Newsom mantiene su confrontación con la Casa Blanca, pero su presencia en la discusión nacional no conserva siempre la intensidad de otros momentos. Barack Obama continúa siendo una referencia relevante dentro del Partido Demócrata y ha intervenido en la discusión electoral, particularmente sobre la importancia del Congreso y del Senado. Sin embargo, ni los gobernadores, ni los expresidentes, ni las personalidades más conocidas pueden sustituir las responsabilidades de los legisladores. Una oposición efectiva necesita algo más que declaraciones contundentes y publicaciones virales: requiere organización, investigaciones, propuestas y capacidad para convertir sus facultades institucionales en resultados.

Por eso tiene especial importancia la discusión sobre un eventual tercer impeachment. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrían iniciar investigaciones que eventualmente desembocaran en una nueva acusación constitucional contra Trump. La posibilidad ya provoca diferencias dentro del propio Partido Demócrata. Algunos dirigentes consideran indispensable examinar conductas que podrían justificar una acusación; otros advierten que iniciar un proceso sin posibilidades suficientes de obtener una condena podría convertirse en otra confrontación partidista que distraiga de los problemas económicos y sociales. Ninguna de esas posiciones elimina la obligación de investigar posibles irregularidades, pero ambas revelan la complejidad de utilizar nuevamente ese mecanismo.

Conviene recordar que el impeachment no supone por sí mismo la destitución presidencial. La Cámara puede aprobar una acusación por mayoría simple, pero corresponde al Senado celebrar el juicio y, para condenar y remover al presidente, se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes. Si asistieran los cien integrantes, serían necesarios 67 votos. Incluso una eventual mayoría demócrata en ambas cámaras no garantizaría semejante resultado. Sería indispensable una ruptura considerable dentro de las filas republicanas o una coalición extraordinariamente amplia, sustentada en hechos cuya gravedad consiguiera superar las lealtades partidistas.

Ahí aparece una paradoja. Un nuevo impeachment podría representar un ejercicio legítimo de responsabilidad constitucional si existieran fundamentos suficientes, pero también podría ofrecer a Trump otra oportunidad para presentarse como víctima de una persecución política. Ya ha demostrado capacidad para utilizar las investigaciones y los enfrentamientos institucionales como elementos de movilización entre sus seguidores. Por eso quienes pretendan someterlo nuevamente a juicio político deberán evitar que el procedimiento se reduzca a un espectáculo. Investigar, documentar, establecer responsabilidades y actuar conforme a la Constitución tiene un valor institucional que no debería confundirse con la búsqueda de titulares o con el deseo de una revancha electoral.

Pero sería un error todavía mayor reducir toda la importancia de las elecciones a la posibilidad de destituir al presidente. Un Congreso adverso puede ejercer una vigilancia mucho más intensa sin necesidad de iniciar inmediatamente un impeachment. Puede examinar contratos, investigar posibles conflictos de interés, revisar la utilización de recursos públicos, exigir comparecencias, controlar determinadas decisiones presupuestales y cuestionar actuaciones de las agencias federales. Los demócratas ya han mencionado posibles investigaciones sobre los negocios vinculados con la familia presidencial, determinadas operaciones financieras, contratos gubernamentales y decisiones relacionadas con la política migratoria. La trascendencia de esas investigaciones dependerá de las pruebas que consigan reunir y de su capacidad para producir consecuencias institucionales, no solamente mediáticas.

Además, si los demócratas obtuvieran también el Senado, podrían ejercer un control más directo sobre las confirmaciones de altos funcionarios y jueces federales. Ése sería un cambio particularmente importante, porque la composición de los tribunales puede influir durante décadas en la interpretación de las facultades presidenciales y de los derechos constitucionales. El Senado también dispone de herramientas de investigación y supervisión cuya utilización podría modificar sustancialmente las condiciones políticas del gobierno. Pero nada garantiza que una nueva mayoría actúe siempre con unidad, eficacia o independencia. Ganar escaños proporciona facultades; ejercerlas responsablemente constituye una obligación distinta.

Entretanto, la realidad económica parece estar produciendo un desgaste más persistente que muchas de las controversias presidenciales. Los estadounidenses pueden cansarse de escuchar discursos, dejar de seguir escándalos o disminuir su participación en protestas, pero difícilmente pueden ignorar lo que pagan por los alimentos, la gasolina, la vivienda, los seguros y los servicios. El costo de vida continúa ocupando un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas, y los estudios de opinión más recientes registran valoraciones especialmente desfavorables sobre el manejo de la inflación y de la economía.

Trump prometió mejorar las condiciones económicas y reducir las presiones sobre los consumidores. Sus defensores sostienen que determinadas medidas fiscales, regulatorias y comerciales producirán beneficios, pero el descontento actual revela que numerosos ciudadanos no perciben todavía esas mejoras en su vida cotidiana. Tampoco sería correcto atribuir automáticamente toda la inflación o todos los problemas económicos a una sola administración, pues intervienen múltiples factores nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando un gobierno utiliza aranceles como instrumentos de presión, adopta decisiones comerciales de gran alcance y participa en conflictos militares con consecuencias energéticas, también debe responder por los efectos de esas políticas.

La guerra con Irán se ha convertido precisamente en un factor que agrava la incertidumbre económica. El conflicto, prolongado durante meses, ha afectado los mercados energéticos y complicado las perspectivas de estabilidad regional. Aunque el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz ha recuperado buena parte de su actividad, los riesgos de seguridad, los costos de transporte y las tensiones persistentes mantienen presionados los precios internacionales. El petróleo Brent continúa por encima de los cien dólares por barril y los esfuerzos de Washington para tranquilizar los mercados mediante declaraciones optimistas encuentran una respuesta cada vez menos favorable. Es otra demostración de que las palabras presidenciales no siempre consiguen modificar realidades económicas que dependen de factores mucho más complejos.

Por eso tampoco debe confundirse la ausencia de una escalada todavía más grave con la desaparición del peligro. Las tensiones en torno a Irán, Irak, el estrecho de Ormuz y las rutas estratégicas de Oriente Medio siguen exigiendo vigilancia. No existen elementos para afirmar que Trump pretenda deliberadamente provocar una crisis internacional con fines electorales, pero sí hay razones para examinar cuidadosamente las decisiones militares de una Presidencia que conserva amplias facultades incluso si pierde el respaldo legislativo. Un Congreso adverso podría exigir explicaciones más completas sobre los objetivos de las operaciones, sus fundamentos jurídicos, sus costos y las condiciones necesarias para ponerles fin.

La cuestión adquiere relevancia adicional porque un presidente políticamente debilitado no necesariamente se convierte en un presidente institucionalmente inmóvil. Aunque pierda sus mayorías parlamentarias, Trump conservaría la dirección del Ejecutivo, importantes facultades en política exterior, el mando constitucional de las fuerzas armadas y diversos instrumentos administrativos y regulatorios. También conservaría el poder de veto frente a la legislación aprobada por el Congreso, sujeto a los mecanismos constitucionales correspondientes. Eso significa que una nueva distribución del poder podría producir mayores controles, pero también enfrentamientos más intensos entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Sería imprudente anticipar que Trump reaccionará necesariamente mediante decisiones más extremas. Pero resultaría igualmente ingenuo suponer que aceptará sin confrontación política todas las restricciones que pudieran surgir de un Congreso opositor. La experiencia de sus dos mandatos demuestra que ha convertido el enfrentamiento con adversarios institucionales en un componente frecuente de su actividad pública. El reto para los legisladores será ejercer los controles que les correspondan sin transformar cada diferencia en una crisis permanente, y el reto presidencial será reconocer que la oposición parlamentaria no constituye una usurpación de su autoridad, sino una posibilidad normal dentro del sistema constitucional estadounidense.

Hay además un elemento que merece atención desde México. La discusión sobre la continuidad del T-MEC, las presiones comerciales y la posibilidad de entendimientos bilaterales entre Washington y nuestro país podrían desarrollarse en un escenario político estadounidense distinto después de noviembre. Canadá ha buscado ampliar sus relaciones económicas y defender sus propios intereses, mientras Trump ha planteado la posibilidad de acuerdos diferenciados con sus socios norteamericanos. Nada de eso significa que el tratado trilateral haya desaparecido ni que resulte inevitable sustituirlo por negociaciones exclusivamente bilaterales. Pero sí demuestra que México deberá prepararse para tratar con una administración estadounidense cuyo margen legislativo podría modificarse sin que desaparezca su capacidad para ejercer presiones comerciales.

La relación bilateral no puede depender de la esperanza de que una derrota republicana resuelva automáticamente los problemas de México con Trump. Incluso un Congreso de mayoría demócrata mantendría intereses económicos, industriales y estratégicos propios de Estados Unidos que no necesariamente coincidirían con los nuestros. La revisión comercial, la seguridad fronteriza, la migración y la cooperación energética seguirían requiriendo una estrategia mexicana firme y profesional. Lo importante será comprender que las decisiones del Ejecutivo estadounidense podrían enfrentar mayores controles internos, pero no por ello dejarían de tener consecuencias relevantes para nuestro país.

Mientras tanto, Trump continúa utilizando su estilo característico de comunicación. La reciente ocurrencia de sugerir que un océano pudiera llevar su apellido volvió a demostrar su capacidad para provocar discusiones públicas mediante expresiones que mezclan humor, personalismo y espectáculo político. No anunció formalmente un cambio semejante y sería desproporcionado tratar aquella broma como una decisión gubernamental. Pero el episodio resulta ilustrativo de una Presidencia acostumbrada a concentrar la atención en su protagonista, incluso cuando enfrenta asuntos de enorme gravedad económica, militar e institucional.

El problema es que cambiarle hipotéticamente el nombre a un océano no reduce el precio de los alimentos, no soluciona los problemas de las empresas, no garantiza el respeto a los derechos ciudadanos ni termina una guerra. Tampoco constituye respuesta a la creciente preocupación de millones de estadounidenses por su capacidad para sostener los gastos cotidianos. La provocación puede dominar las noticias durante unas horas; las dificultades económicas regresan cada mañana con la misma puntualidad que las cuentas por pagar. Y posiblemente ahí se encuentre una de las explicaciones más importantes del desgaste presidencial: no necesariamente en las protestas espectaculares ni en los enfrentamientos políticos, sino en la acumulación silenciosa de inconformidades que acompañan la vida diaria.

Una familia que enfrenta dificultades para pagar la renta puede no participar en manifestaciones, pero eso no significa que esté satisfecha. Un pequeño empresario que ve crecer sus costos puede no expresar públicamente su descontento, pero tampoco por ello deja de preocuparse por el rumbo económico. Un trabajador que observa cómo su ingreso pierde capacidad de compra puede seguir compartiendo algunas posiciones políticas de Trump y, al mismo tiempo, cuestionar su desempeño económico. La población no constituye un bloque uniforme de simpatizantes o adversarios absolutos. Las percepciones pueden cambiar, las lealtades pueden mantenerse parcialmente y el juicio electoral puede responder a preocupaciones diferentes de aquellas que dominan la conversación política.

Ésa es también una advertencia para los demócratas. No bastará con presentar a Trump como un presidente controvertido ni con recordar cada una de sus declaraciones más extravagantes. Si recuperan mayorías deberán demostrar que pueden utilizar el Congreso para atender problemas concretos, vigilar al Ejecutivo y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. De lo contrario, podrían descubrir que la derrota de un adversario no equivale automáticamente a la recuperación de la confianza ciudadana. La fiscalización es indispensable, pero también lo es demostrar capacidad de gobierno desde las responsabilidades legislativas.

Y aquí regresamos a la pregunta central. ¿Qué ocurrirá si los republicanos pierden la Cámara de Representantes o incluso ambas cámaras y, pese a ello, Trump continúa avanzando en los espacios donde conserva atribuciones ejecutivas? ¿Tendrán los legisladores la disposición necesaria para investigar actuaciones cuestionables, exigir documentación, establecer límites presupuestales y acudir a los tribunales cuando corresponda? ¿Serán capaces de distinguir entre una oposición constitucionalmente responsable y una confrontación destinada solamente a obtener ventajas electorales? Porque la fortaleza de un Congreso no se mide exclusivamente por el número de escaños que controla un partido, sino por la independencia con que ejerce las atribuciones que recibe.

La experiencia estadounidense demuestra que los presidentes pueden gobernar con congresos divididos y que los desacuerdos entre poderes forman parte normal del sistema. También demuestra que las investigaciones parlamentarias pueden producir consecuencias importantes, incluso cuando no terminan en una destitución. Lo preocupante sería que la nueva composición legislativa reprodujera la misma incapacidad para ejercer controles efectivos o que las facultades de fiscalización quedaran subordinadas a cálculos partidistas. Las instituciones no se fortalecen por el simple hecho de cambiar a quienes las ocupan; se fortalecen cuando sus integrantes cumplen las responsabilidades que justifican su existencia.

Por eso el 3 de noviembre no debería interpretarse como un juicio definitivo sobre la permanencia de Trump, sino como una oportunidad para modificar los equilibrios de poder. Las encuestas sugieren que una parte considerable del electorado está insatisfecha, pero todavía corresponde a los ciudadanos decidir cómo expresar esa valoración. Después vendrá una prueba distinta: observar si los nuevos legisladores, cualesquiera que sean sus filiaciones, están dispuestos a ejercer sus facultades constitucionales con independencia y responsabilidad. La democracia estadounidense no necesita que el Congreso sustituya al presidente; necesita que cada poder cumpla plenamente aquello para lo que fue creado.

Trump ha demostrado una notable capacidad para sobrevivir a controversias, procesos judiciales, investigaciones y derrotas políticas. Pero esa resistencia no lo coloca por encima de la Constitución ni convierte su mandato en una autorización ilimitada. Tampoco significa que sus adversarios estén exentos de responsabilidades. Quienes critican la concentración del poder deben demostrar que, cuando disponen de facultades para limitarlo, saben utilizarlas con rigor. Y quienes defienden al presidente deberían recordar que los controles institucionales no existen exclusivamente para gobiernos adversarios, sino para preservar reglas que deben aplicarse a todos.

El próximo 3 de noviembre los estadounidenses decidirán algo más que la composición de su Congreso. Pondrán a prueba la posibilidad de modificar los equilibrios institucionales después de casi dos años de una Presidencia marcada por intensas controversias, decisiones de gran alcance y un descontento económico que no ha desaparecido entre las provocaciones del espectáculo político. Pero cambiar una mayoría legislativa no garantiza, por sí mismo, que cambie la manera de ejercer el poder. Para eso se necesitan legisladores capaces de investigar sin perseguir, fiscalizar sin simular y establecer límites sin convertir cada desacuerdo en una guerra partidista.

La advertencia es doble. Trump no debería confundir la lealtad de sus seguidores con una autorización para gobernar sin contrapesos, pero sus adversarios tampoco deberían creer que recuperar el Congreso bastará para contenerlo. Una Presidencia con menos respaldo legislativo puede seguir disponiendo de instrumentos poderosos, y un Congreso con mayores facultades puede resultar inútil si carece de voluntad para ejercerlas. Porque la manada puede encontrar nuevas cercas después de noviembre, pero habrá que comprobar si quienes deben vigilarlas están dispuestos a impedir que vuelvan a derribarse. Y ésa es la sentencia: el verdadero peligro para una democracia no consiste solamente en que un gobernante intente ocupar toda la finca, sino en que quienes tienen la obligación de defender sus límites terminen acostumbrándose a vivir dentro de ella como si ya perteneciera a la manada.

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