La bancada de diputados de la UDI afirmó que el Gobierno accedió a eliminar de la reforma al mercado de capitales la modificación a la Ley de Fraudes (Ley 20.009) que pasaba de “culpa grave” a “culpa leve” el estándar de responsabilidad exigido a los clientes en casos de extravío, hurto, robo o fraude bancario.
Según la jefa de la bancada, Flor Weisse; el integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Coloma, y los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, el Ministerio de Hacienda les informó directamente que el Ejecutivo retirará la norma.
El cambio se materializaría a través de una indicación que debería presentarse una vez que el proyecto sea votado en particular en la comisión de Hacienda.
“Las verdaderas víctimas de estafas bancarias no pueden quedar en una situación de desprotección por las vulnerabilidades que existen en el sistema financiero”, señalaron los parlamentarios.
“Por eso valoramos y agradecemos que el Ministerio de Hacienda haya accedido a eliminar una norma que, para muchos, terminaba debilitando la protección de los usuarios”, agregaron.
A fines de septiembre, los legisladores gremialistas dijeron que votarían en contra de esa modificación, propuesta por el Ejecutivo, porque a su juicio habría debilitado la protección de los clientes ante operaciones fraudulentas y podía terminar desprotegiendo a miles de víctimas de estafas bancarias.
Los diputados coincidieron en la necesidad de enfrentar los casos de autofraude que se registran en el sistema y de perseguir a las bandas que cometen este tipo de delitos.
Sin embargo, cuestionaron que la solución propuesta fuera en desmedro de los clientes que efectivamente son víctimas de estafas, y sostuvieron que son las propias instituciones financieras las que deberían fortalecer sus mecanismos de seguridad para detectar operaciones sospechosas.
“Si queremos combatir a las bandas que cometen estos delitos y a quienes se aprovechan de la actual legislación para cometer autofraudes, tenemos toda la disposición de hacerlo, endureciendo las sanciones y fortaleciendo los mecanismos de prevención, pero lo que no podemos permitir es que esas medidas terminen perjudicando a miles de clientes que efectivamente han sido víctimas de una estafa y que requieren respuestas”, plantearon.
Uno de los aspectos en que la bancada puso énfasis fue el aumento de los fraudes bancarios que afectan a adultos mayores. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito citadas por los diputados, esos casos pasaron de 1.969 en 2018 a 9.180 en 2025.
“Cuando miles de adultos mayores son víctimas de estos fraudes, entre otras razones por las dificultades que algunos enfrentan para adaptarse a los avances tecnológicos, la respuesta del Estado no puede ser dejarlos en una situación de indefensión, sino que garantizar su seguridad”, sostuvieron los parlamentarios.
