XALAPA, Ver.– La extorsión contra estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) no sólo ha sido virtual ni representa un fenómeno aislado.
Un alumno de reciente ingreso fue víctima de la filtración de sus datos personales con los que la delincuencia tuvo acceso a su número telefónico, su dirección y la identidad de sus padres.
La familia del joven –todavía menor de edad–, estudiante de la carrera de educación física en la región Córdoba, señala que los delincuentes operan con datos filtrados de la UV, técnicas de ingeniería social y presencia física en puntos comerciales.
La familia, cuyos nombres se resguardan por seguridad, relata para Excélsior en exclusiva que su hijo recibió una llamada de un supuesto agente de la Fiscalía estatal.
En ella, le dijeron que su número estaba vinculado a una investigación por “ilícitos”, pero que podía aclararlo si acudía a hablar con una abogada. Le dieron un nombre genérico y lo citaron en el estacionamiento de un supermercado ubicado en una plaza comercial ubicada entre Córdoba y Fortín.
Ahí, sentado en una banqueta entre dos tiendas, le ordenaron enviar una fotografía donde se viera su rostro y su vestimenta. Un transeúnte le tomó la imagen y él la envió.
Esa fotografía fue utilizada de inmediato para contactar a sus padres. Les indicaron que el estudiante había sido “levantado”, que tenían una hora para reunir 200 mil pesos o “lo mandaban por pedacitos”.
Aunque el muchacho estaba solo, los delincuentes montaron una llamada tripartita: mientras amenazaban a los padres, enlazaron al menor para que dijera “soy yo, estoy bien”, haciéndoles creer que los agresores estaban a su lado.
La familia intentó localizarlo mediante la aplicación Live360, sin éxito. El esposo y el hijo mayor, también estudiante de la UV, acudieron en su búsqueda.
En ese momento, los extorsionadores llamaron de nuevo: “Ya vi que el marido y el hijo están ahí buscándolo. Ahí no lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a tener en Walmart?”. La frase confirma –señaló– que había observadores en el estacionamiento, reportando los movimientos de la búsqueda del menor.
Un contacto de la familia, perteneciente a un área de antisecuestros y extorsión, les recomendó cortar comunicación. Al hacerlo, las llamadas cesaron.
Minutos después, el jovencito llamó por su cuenta: estaba solo, asustado, sin dinero para regresar. Tomó un taxi y volvió a casa.
La familia presentó denuncia ante la Policía Cibernética. La dependencia abrió un folio y activó el protocolo de rastreo de números, análisis de tráfico y verificación de patrones. Los números usados por los extorsionadores presuntamente aparecían como “no localizables”, aunque seguían recibiendo llamadas.
De manera paralela, unidades especializadas en extorsión y secuestro atendieron el caso de forma reactiva, y confirman que el modus operandi ya está identificado en la región. Sin embargo, no existe una carpeta que agrupe todos los reportes ni un pronunciamiento oficial de la UV sobre una posible fuga de datos.
Días después, Gabriela revisó el grupo de su generación y encontró que todos los recién ingresados habían recibido llamadas, mensajes y correos institucionales. “Tienen la información de la UV”, dijo.
En grupos de WhatsApp de Córdoba también circulaban reportes de la Facultad de Ciencias Químicas y Arquitectura: alumnos contactados, datos filtrados y al menos un caso de alguien que “cayó redondito”.
Las capturas de pantalla revelan que el esquema de extorsión contra los universitarios de la región central del estado es sistemático y con presencia física, no sólo virtual.
Los delincuentes han operado con datos personales, fotografías, correos institucionales y ubicación de los jóvenes, además de un seguimiento previo para identificar a familiares cercanos.
Esta vulneración se replica en facultades de Córdoba, Orizaba y Camerino Z. Mendoza, mientras las autoridades indagan de manera fragmentada y sin coordinación institucional visible.
