En la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, los partidos políticos convirtieron las acciones afirmativas, concebidas para saldar deudas históricas con sectores vulnerables, en una vía rápida para ubicar a cuadros de élite y operadores tradicionales.

Así lo revela el estudio Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se evidencia, por ejemplo, que de 49 legisladores indígenas, sólo 10 realmente tienen representación en comunidades de ese tipo.

Se trata de políticos sin antecedentes de trabajo comunitario, sin hablar una lengua originaria ni residir en los municipios indígenas, que obtuvieron el aval del INE para ocupar espacios reservados.

Para registrar a candidatos ajenos a las comunidades, las dirigencias recurrieron a la obtención de constancias comunitarias apócrifas o tramitadas mediante “dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales”.

En tanto, en las acciones afirmativas para la diversidad sexual (LGBTQ+), personas con discapacidad y afromexicanas, basta con que la persona aspirante firme una manifestación bajo protesta de decir verdad para ser considerada parte de la minoría.

Con el argumento de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de las personas (evitar que la autoridad obligue a alguien a hacer pública su orientación sexual o condición médica), el sistema electoral creó una laguna que las cúpulas partidistas explotaron para cometer fraude a la ley sin posibilidad de sanción inmediata, indica la investigación.

En el caso indígena, Morena y sus aliados (PT y PVEM) concentran más del 80% de los espacios asignados por acción afirmativa en la actual legislatura.

Además, el estudio indica que 97.4% de las iniciativas presentadas por diputados de acciones afirmativas son congeladas o desechadas, además de que 9 de cada 10 de estos diputados y diputadas son relegados a secretarías y vocalías de comisiones relativas a su condición.

Usurpan cuotas indígenas en Cámara de Diputados: UNAM revela simulación en 39 curules

El discurso oficial de las autoridades electorales y las bancadas políticas presume a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados como la más plural e incluyente en la historia de México. Sin embargo, la realidad detrás de las cifras revela un mecanismo sistemático de simulación y usurpación: de 49 legisladores clasificados como indígenas, únicamente 10 tienen una representación orgánica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo las candidaturas mediante intercambio de favores, dádivas y promesas de obras públicas.

En el estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), se expone la brecha entre la norma y la práctica. El análisis concluye que los partidos políticos convirtieron las acciones afirmativas —concebidas para saldar deudas históricas con sectores vulnerables— en una vía rápida para ubicar a cuadros de élite y operadores tradicionales.

El mercado de la adscripción calificada

El hallazgo más contundente del análisis cualitativo y cuantitativo elaborado por los investigadores de la UNAM se ubica en las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias.

Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre los propios legisladores, autoridades comunitarias y expertos concluyen que únicamente alrededor de 10 diputados poseen una adscripción e identidad comunitaria orgánica.

El informe documenta cómo las maquinarias partidistas convirtieron el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores para asignar los 39 escaños restantes. Para registrar a candidatos ajenos a las comunidades, las dirigencias recurrieron a la obtención de constancias apócrifas o tramitadas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.

Así, políticos sin antecedentes de trabajo comunitario, sin hablar una lengua originaria ni residir en los municipios indígenas, obtuvieron del Instituto Nacional Electoral (INE) el aval para ocupar espacios reservados.

El boquete de la autoadscripción simple

Si en el ámbito indígena la adscripción calificada fue burlada, en las acciones afirmativas para la diversidad sexual (LGBTQ+), personas con discapacidad y afromexicanas el problema radicó en el diseño normativo.

En estas categorías rige el principio de “autoadscripción simple”, lo que significa que basta con que la persona aspirante firme una declaración bajo protesta de decir verdad para ser considerada parte de la minoría.

El estudio de la UNAM puntualiza que la ausencia de mecanismos de verificación probatoria rigurosa convirtió a estos casilleros en la “puerta trasera” de los partidos para colocar candidaturas en las listas plurinominales o de mayoría relativa que no encontraban espacio en las cuotas ordinarias.

Bajo el argumento de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de las personas —para evitar que la autoridad obligue a alguien a hacer pública su orientación sexual o condición médica—, el sistema electoral creó una laguna que las cúpulas partidistas explotaron para cometer fraude a la ley sin posibilidad de sanción inmediata.

El reporte también expone la captura partidista de estas cuotas. En el caso indígena, Morena y sus aliados (PT y PVEM) concentran más de 80% de los espacios asignados por acción afirmativa en la actual legislatura. No obstante, los investigadores señalan que la instrumentalización de las cuotas es una práctica generalizada en todo el espectro político.

El desamparo de la diáspora

El análisis dedicado a la cuota migrante retrata un retroceso normativo provocado por las presiones de las propias fuerzas políticas. A pesar de que los mexicanos en el exterior envían montos récord de remesas, los diputados electos bajo la acción afirmativa migrante enfrentan un régimen que frena su representatividad.

La flexibilización de los criterios probatorios aprobada para los procesos recientes permitió que personas sin residencia ni trayectoria probada en el extranjero ocuparan dichas candidaturas.

A esto se suma una contradicción legal: la legislación electoral prohíbe a los aspirantes a diputaciones migrantes realizar actos de campaña en el extranjero o recibir financiamiento en los países donde reside la diáspora, obligándolos a autofinanciarse o a depender del aparato partidista en territorio nacional.

El diagnóstico de la UNAM es rotundo: los partidos políticos han adoptado las acciones afirmativas únicamente como un trámite burocrático de cumplimiento obligatorio ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), diseñando estrategias de simulación para conservar el control del poder legislativo.

Congelan 97% de iniciativas presentadas por diputados de acciones afirmativas

La inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión se congela al momento de legislar. El 97.4% de las iniciativas presentadas por diputados que ingresaron mediante acciones afirmativas son congeladas o desechadas, según revela la evaluación elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El informe detalla que nueve de cada diez legisladores pertenecientes a estas cuotas son relegados a secretarías y vocalías en comisiones relativas únicamente a su condición.

Un ejemplo de esta ineficacia legislativa se registró en los últimos dos periodos de sesiones: los representantes de la diversidad sexual presentaron 117 iniciativas, de las cuales sólo 29 abordaban directamente temas de beneficio para su comunidad. Ninguna de esas 29 propuestas fue aprobada (0%), al quedar atrapadas en el rezago de comisiones o ser rechazadas explícitamente.

+Diputados de acciones afirmativas son encasillados

Además, las cúpulas parlamentarias encasillan a estos representantes en comisiones etiquetadas como “temáticas” o “de minorías” —como Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Atención a Grupos Vulnerables o Diversidad—, excluyéndolos de órganos decisivos como Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación, Puntos Constitucionales o la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El documento califica como crítico el caso de la población afromexicana, cuyo trabajo legislativo es encasillado como un “anexo” de la Comisión de Pueblos Indígenas, un espacio que absorbe la agenda originaria e invisibiliza sus demandas específicas.

Barreras físicas y capacitismo

A la segregación política se suma la discriminación cotidiana dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El reporte expone severas deficiencias en accesibilidad e infraestructura física, lo que configura prácticas institucionales de capacitismo. Los legisladores con discapacidad motriz, visual o auditiva enfrentan tribunas y curules sin adaptaciones, falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la omisión sistemática de formatos accesibles en los dictámenes y la Gaceta Parlamentaria.

*mcam