¿Por qué una persona o familia entera se verían obligadas a abandonar su hogar, su comunidad y su tierra de manera precipitada, de un día para otro? La respuesta no está en la búsqueda voluntaria de un mejor destino laboral ni en el deseo de emigrar en libertad. Está en la pura y llana supervivencia.

Entre las causas de este éxodo forzado encontramos el uso de tecnologías de guerra contra la población civil, como drones cargados con explosivos dirigidos a hospitales, iglesias y escuelas, así como minas antipersona y armamento pesado de uso exclusivo del Ejército.

Los desplazamientos por violencia armada se concentran en entidades ahogadas por enfrentamientos entre grupos criminales, disputas por la tala ilegal o el control territorial, además de los conflictos derivados de la resistencia de pobladores que intentan defender sus poblados.

El resultado de estas expulsiones no es únicamente la pérdida de un techo. Se rompe el tejido social, se profundizan la pobreza y los despojos patrimoniales, y se destruye la identidad biocultural, con estragos desgarradores en las comunidades indígenas.

La violencia e impunidad cotidiana confirman la dimensión del colapso institucional. Esta misma semana vimos el arresto del alcalde de Juchitán, Oaxaca, acusado de extorsión y presuntos nexos con la delincuencia organizada, junto con el excomisionado de la policía municipal por brindar protección a células criminales, y la desaparición de poderes en el ayuntamiento. Y en la zona de La Marquesa, Estado de México, un violento enfrentamiento armado entre pobladores y talamontes volvió a poner en evidencia cómo la tala ilegal se adueña de los bosques a plena luz del día.

Por primera vez, el Inegi, a través de su Encuesta Intercensal 2025, aborda de manera estadística el Desplazamiento Forzado Interno, midiendo los hogares donde al menos un integrante debió abandonar su residencia por inseguridad delictiva, violencia o catástrofes. La pregunta oficial fue: en los últimos cinco años, ¿usted o alguien de su vivienda se vio forzado a cambiar de residencia dentro del país por inseguridad o violencia?

Los datos del organismo muestran que, en el lustro de 2020 a 2025, al menos 510 mil personas se vieron obligadas a huir por la violencia. Esta cifra toma como premisa conservadora que sólo un integrante por hogar fue desplazado. Sin embargo, si consideramos que en México cada hogar promedio lo integran 3.2 personas y que familias enteras se van juntas, la proyección alcanza hasta 1.6 millones de personas. Un rango amplio, sí, pero cuyo piso mínimo ya resulta alarmante.

En la medición general de saldos migratorios internos negativos del Inegi, los cinco estados con mayor desplazamiento poblacional en el país son Guerrero, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas y Sinaloa. Lugares de donde la gente huyó porque los grupos criminales irrumpieron para llevarse a las niñas y a los jóvenes, apoderarse de los predios y masacrar a quien intentara oponerse, mientras las autoridades simplemente miraban hacia otro lado.

Las cifras del gobierno no llegan solas. Un estudio independiente realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, coordinado por Andrea Horcasitas Martínez, ofrece una mirada complementaria. De acuerdo con este monitoreo, tan sólo entre 2024 y 2025 más de 35 mil personas sufrieron desplazamiento interno por agresiones y disputas territoriales. En la estimación acumulada desde 2008 hasta la fecha, la cifra asciende a 390 mil víctimas.

El informe de la Ibero advierte sobre una limitación metodológica inevitable, que es un subregistro estructural debido a la ausencia de mecanismos públicos oficiales que contabilicen de forma integral este fenómeno.

Detrás de cada número hay familias fracturadas que huyen únicamente con la ropa puesta. Personas que pierden sus identificaciones, llegan a municipios desconocidos y entran en un nuevo ciclo de precariedad, sin recibir atención ni asistencia básica porque no son reconocidas formalmente como víctimas.

Los hallazgos de la Ibero han sido llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados para urgir una ley general sobre desplazamiento interno forzado. Sin embargo, el país continúa sin un registro nacional actualizado y sin un marco normativo federal que coordine a los tres niveles de gobierno.

Más allá de contar personas y acumular porcentajes, el Estado debiera preguntarse ¿qué sucede con quienes son expulsados de sus comunidades?, ¿qué estrategias de resiliencia construyen para sobrevivir?, ¿qué ocurre con los territorios que quedan abandonados y ¿qué respuestas —o ausencias— existen por parte de las instituciones?