Cerca de $248 millones movidos durante casi seis años aparecen en el centro de la nueva ofensiva de la Operación Apocalipsis, investigación que continúa destapando presuntos hechos de corrupción vinculados a funcionarios penitenciarios.

Esta vez, uno de los principales nombres involucrados es Álex Antonio Vega Torres, histórico dirigente de la desaparecida Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y antiguo funcionario de Santiago 1, quien fue detenido durante un operativo realizado esta madrugada.

Su detención formó parte de una ofensiva policial que estuvo lejos de concentrarse únicamente en la capital. La Brigada de Lavado de Activos de la PDI desplegó diligencias en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío y Magallanes, con registros en 14 propiedades relacionadas con los investigados.

Paralelamente, la policía revisó casilleros en cuatro recintos penitenciarios, entre ellos Santiago 1 y establecimientos ubicados en Talca, Concepción y Punta Arenas.

Un millonario monto en la mira

Detrás del despliegue está una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente que intenta reconstruir cómo habría funcionado un sistema de pagos destinado a vulnerar los controles de las cárceles. De acuerdo a Radio Bíobio, la tesis apunta a que internos, antiguos reclusos, visitas y otras personas entregaban dinero para conseguir el ingreso de celulares, drogas y diferentes artículos cuya circulación estaba restringida o directamente prohibida.

Vega, quien llegó a ocupar una posición relevante dentro de la Guardia Interna de Santiago 1, es indagado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Parte importante de las sospechas se concentra en sus finanzas: entre 2020 y 2025 fueron detectados abonos cercanos a los $248 millones en cuentas relacionadas con él, mientras que alrededor de $131,4 millones no contarían, según la investigación, con una explicación aparente sobre su procedencia.

Los persecutores ahora intentan determinar el recorrido que habría seguido ese dinero. Entre las operaciones bajo análisis aparecen depósitos en efectivo, montos divididos en diferentes transacciones, transferencias entre cuentas, pagos de obligaciones financieras y el eventual uso de terceras personas para recibir recursos. En paralelo, se solicitaron medidas sobre once cuentas bancarias, una vivienda y un vehículo relacionados con los detenidos.

Un historial de problemas para el exlíder de la Anfup

Pero la arista financiera representa solo una parte de los antecedentes que rodean al exdirigente. La investigación también aborda una antigua disputa dentro de Anfup, donde Vega tuvo durante años una fuerte presencia.

Los persecutores cuentan con antecedentes sobre la presunta sustracción de urnas durante una elección de la organización, acción que habría buscado manipular el resultado y mantener a su sector al frente de la asociación.

Todavía más grave es otra causa que volvió a tomar fuerza a partir de los hallazgos de la Operación Apocalipsis. Se trata de la muerte de Rodolfo Muñoz Morales, interno de Santiago 1 fallecido en enero de 2018 y en la que estuvo involucrado junto al entonces gendarme Juan Farías Pumero, quien actualmente ejerce como alcaide del IP-CRC de Punta Arenas.

Muñoz falleció dos días después producto de un traumatismo encéfalo craneano que habría ocurrido cuando su cabeza golpeó un pilar. Aunque aquella investigación terminó inicialmente sin personas formalizadas, el caso fue reabierto en abril por decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que surgieran nuevos elementos durante las pesquisas de la Fiscalía Occidente.

Los nuevos antecedentes se suman a un historial que ya había puesto a Vega bajo cuestionamiento antes de su detención. Durante su carrera acumuló al menos 11 procesos sumariales y en 2022 estuvo involucrado en un asado no autorizado realizado en dependencias anexas a Santiago 1, donde fueron hallados restos de ketamina.

Además, en 2008 fue condenado por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II, recibiendo una pena de 541 días de reclusión y suspensión de cargos públicos, posteriormente sustituida por un régimen alternativo.