Personas juzgadoras en retiro solicitaron la intervención del Senado para poder recibir el pago pendiente de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias que les corresponden por la reforma judicial de septiembre de 2024 y los derechos laborales previamente reconocidos.
Durante una reunión con la Comisión de Justicia del Senado, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, Elba Sánchez Pozos, denunció que a dos años de la entrada en vigor de la reforma, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha resuelto sus reclamaciones, pese a que han acudido ante distintas instancias del Poder Judicial y del gobierno federal, sin obtener respuesta.
“No venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios. Pedimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución”, recalcó la magistrada en retiro.
“Los derechos no se mendigan, se reconocen, se respetan y se cumplen”, advirtió.
Por ello, pidió a los legisladores intervenir para que las autoridades responsables atiendan las solicitudes y realicen los pagos que jurídicamente correspondan.
Explicó que el principal punto de controversia es la interpretación del artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que reconoce a las personas juzgadoras que declinaron participar en la elección o que no resultaron electas, el derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.
Sánchez Pozos recordó que cuando entró en vigor la reforma no existían reglas específicas para determinar ante qué autoridad debían presentarse las declinaciones.
Por esa razón, algunos juzgadores entregaron sus solicitudes al entonces Consejo de la Judicatura Federal, antes de que el Senado precisara, un mes después, que el procedimiento tenía que ser ante la cámara alta.
La magistrada cuestionó que el OAJ utilice esas diferencias administrativas para negar las indemnizaciones. También señaló que las reglas de la elección extraordinaria no deberían aplicarse de manera extensiva a quienes estaban contemplados para participar en el proceso originalmente previsto para 2027, posteriormente aplazado hasta 2028.
En el caso de las pensiones complementarias, los exjuzgadores argumentaron que se trata de una prestación existente desde 1996, regulada posteriormente mediante acuerdos institucionales, y no de un beneficio creado por la reforma judicial.
Afirmaron que las jornadas prolongadas, la dedicación exclusiva y las restricciones para desempeñar otros empleos justifican su reconocimiento como parte de las condiciones laborales que tuvieron durante décadas.
Advirtieron que enfrentan obstáculos para defender sus derechos por la improcedencia del juicio de amparo contra determinados actos del OAJ, prevista en la legislación correspondiente.
En sesión de la Comisión de Justicia, Elba Sánchez Pozos hizo tres peticiones: impulsar un punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Administración Judicial a resolver las reclamaciones y efectuar los pagos procedentes; incorporar disposiciones transitorias en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial que permitan concluir el proceso, y promover mecanismos de defensa para los derechos laborales de los trabajadores judiciales.
“A diferencia del resto de los trabajadores del país, por esa prohibición que está incluida en la ley orgánica, no tenemos mecanismo de defensa alguno”, denunció.
Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro estimó en 600 millones de pesos el monto de recursos que se requieren para cubrir estos adeudos.
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