La presidenta Claudia Sheinbaum, en un nuevo intento de imponer una narrativa dirigida a deslindar a su autoproclamada 4T de las crisis se viven en estados como Sinaloa, señaló hace un par de dias que la injerencia extranjera, concretamente aquella relacionada con las acciones del gobierno de Donald Trump, han sido responsables de la ola de violencia.
No hay duda de que este espiral violento desatado en Sinaloa ha derivado principalmente de dos elementos: la captura del Mayo Zambada y la escisión del cártel entre esa facción y la de los chapitos, y la absoluta incompetencia de las autoridades federales de devolver a la entidad la gobernabilidad, la tranquilidad en las calles y la paz.
Por lo tanto, la presidenta no se equivoca en sentido estricto al asegurar que fue a raiz de la captura del Mayo cuando se desató la violencia en esa región del país. Sin embargo, la jefa del Estado mexicano también ha revelado una verdad que en otro momento habría resultado inconfesable: existe -o existía- un pacto criminal suscrito entre el gobierno federal y los carteles de de la droga, en una suerte de arreglo perverso que habría dado lugar a una “pax narca”, término recientemente en boga para referirse al estado de “ausencia de violencia” en medio del dominio territorial ejercido por las bandas delincuenciales.
Este estado de cosas significa en los hechos, y se reproduce ampliamente en vastas regiones del pais, que los ciudadanos se ven obligados a pagar derecho de piso, a rendir pleitesía y a compartir el fruto de su trabajo con las bandas del crimen organizado; sabedores de que su omisión puede conducir a la destrucción de sus negocios y a poner en riesgo sus vidas y las de su familia.
Sheinbaum y sus voceros denuncian la injerencia extranjera como si quisieran volver a la realidad previa; aquella donde nadie, ni las autoridades mexicanas ni las agencias estadounidenses, osaban inmiscuirse en los asuntos de los carteles de la droga. Les dejaban operar libremente, extorsionar, comercializar su droga y hacer pasar sus mercancías hacia el vecino del norte sin la menor intervención por parte de los poderes públicos.
Esos tiempos han cambiado. Hoy la política de Washington está claramente dirigida al combate contra el ingreso de las drogas, a la vez que el gobierno mexicano se queja amargamente de una intervención extranjera que ha venido a distorsionar las condiciones que sostuvieron la “pax narca” durante los tiempos de la patética estrategia de “abrazos no balazos”.
