La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno, el cual buscaba ampliar el plazo de detención para materializar las expulsiones administrativas de extranjeros. La iniciativa requería 89 respaldos, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes, para modificar el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental. Sin embargo, alcanzó solo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, sufriendo un duro revés por la falta de un sufragio.
El resultado adverso estuvo marcado por ausencias y desmarques de última hora. El diputado José Montalva (PPD) no emitió su voto pese a haber comprometido su respaldo en la Sala, mientras que seis representantes del PDG y el parlamentario Marcos Ilabaca (PS) optaron por la abstención. A esto se sumó un factor administrativo: los permisos de Stephan Schubert y Felipe Ross (Republicanos) para acompañar al Presidente de la República a la asamblea de las Naciones Unidas ingresaron fuera de plazo, mermando el quórum final.
Las reacciones del Ejecutivo ante la caída de la reforma de expulsiones
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, evidenció su frustración ante las dificultades para alinear a las distintas bancadas. “Ese trabajo se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto”, sinceró el secretario de Estado, admitiendo la complejidad de asegurar resultados frente a estos imponderables.
Por su parte, el titular de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que continuarán buscando acuerdos para avanzar en la agenda contra la delincuencia y evitó personalizar el conflicto. “Acá había un tema de orden práctico, que era aumentar el plazo que tenían las policías para poder retener a migrantes, ejecutar o verificar las expulsiones”, detalló la autoridad, argumentando que la normativa buscaba evitar entorpecimientos en estos procedimientos y en las extradiciones.
El fundamento central del proyecto radicaba en que los cinco días de límite actual resultan insuficientes para identificar a la persona, conseguir documentos de viaje, coordinar con el país de destino y gestionar los traslados. Por ello, la propuesta pretendía habilitar un periodo de entre cinco y 60 días, con la opción de renovarlo en dos oportunidades, alcanzando un tope de 180 días bajo mecanismos de impugnación judicial.
Tras fracasar en su cámara de origen, la iniciativa no puede renovarse por el plazo de un año. Si bien el Mandatario posee la facultad constitucional de solicitar una vía de insistencia en el Senado, este mecanismo exige un respaldo de dos tercios de los miembros presentes, un escenario aritmético altamente improbable para el oficialismo en la actualidad.
