“Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada”.

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray

“Tulum Renace”. Hay que reconocerles talento para aquello de los bautizos: primero inauguran la prosperidad; después le organizan la resurrección... Lo que sí es que, entre ambas ceremonias, se fueron las aerolíneas. Aeroméxico terminó su servicio el 30 de septiembre y Volaris anunció que suspenderá sus operaciones a partir del 7 de enero de 2027. El gobierno promete devolverle la vida al destino, pero son las empresas las que deciden dónde les conviene seguir volando. Hacia Tulum, por lo visto no.

Encima, en este caso, la decepción tiene un agravante: el aeropuerto sí tenía una lógica defendible. Acercar al visitante al sur de la Riviera Maya parecía sensato. Playas, patrimonio arqueológico, una marca internacional y actividad turística previa ya asentada. Morena recibió una ventaja que muchos destinos turísticos pasarían décadas intentando construir. Mas, hasta el paraíso les quedó grande a los del régimen gobernante.

Por eso me interesa menos repetir que todo lo echan a perder —eso es evidente— y dedicarme a entender cómo es que los morenistas consiguen hacerlo incluso cuando parten de algo prometedor.

Mi hipótesis es incómoda: administraron Tulum como si su atractivo garantizara una clientela cautiva. Cada autoridad y cada negocio le agrega su cobro; y todos partían de suponer que alguien más —quién sabe quién— se encargaría de que el visitante no dejara de llegar. El Caribe pondría la belleza y el turista, resignadamente, la tarjeta.

Pero no. Así no funciona el turismo.

El problema aparece al sumar. La aerolínea vende un boleto; el visitante compra unas vacaciones. Cuenta el traslado, la habitación, la comida, los accesos, los tiempos y la tranquilidad. Un aeropuerto más cercano pierde su ventaja si es caro, complicado y/o impredecible. Tener pista, tren y parque no hace atractiva la ecuación en automático.

Hay un dato que deja al gobierno sin sus excusas de siempre. Según Datatur y la Unidad de Política Migratoria, en enero y febrero de 2026 las entradas aéreas de turistas extranjeros vía Tulum cayeron 28.9%, mientras que por Cancún aumentaron 2.6 por ciento. En esos meses, al menos, no hubo una crisis regional uniforme. ¿Se fueron los visitantes o prefirieron otra puerta de entrada? Sea cual sea la respuesta, tenemos que cuestionarnos la ventaja competitiva del nuevo aeropuerto. Más vale tarde que nunca…

El deterioro tampoco desaparece invocando “temporada baja”. El rotativo El Economista, con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, reportó 471,500 pasajeros en el primer semestre de 2026 frente a 705,400 en el mismo periodo de 2025: una caída de 33.2 por ciento. El tráfico internacional bajó 40.8 por ciento. Comparar los mismos meses sirve para algo más que llenar una tabla: impide atribuirle al calendario lo que exige revisar en la gestión.

Y la gestión tiene denuncias bastante menos fotogénicas que una terminal nueva. Azteca Noticias recogió testimonios de empresarios sobre cobros municipales arbitrarios, exigencias de pago en efectivo y presuntas represalias. Uno denunció que un cobro por basura pasó de 27 mil a más de 200 mil pesos. Hay que investigar esas acusaciones. Pero también entender su efecto: ante exigencias impredecibles, un negocio pierde margen para invertir, contratar o competir.

Estos costos pueden trasladarse al visitante, comerse la utilidad o terminar en cierres. Ninguna opción fortalece al destino. La autoridad que exprime al prestador perjudica también al turista que pretende atraer. Resulta extraordinario: el gobierno gasta en conectividad para llevar clientes a una economía que, según los denunciantes, las propias autoridades vuelven más difícil de sostener.

El sargazo es un golpe real. No explica los cobros municipales ni decide las tarifas aeroportuarias. Mucho menos exonera a quien debe gestionar los efectos de un problema ambiental conocido. Podrán repartir responsabilidades entre el clima, el crimen, Calderón y el meteorito de Chicxulub. Morena y sus aliados gobiernan Tulum desde 2021; el aeropuerto opera bajo mando militar. A estas alturas, la rendición de cuentas exige algo más que encontrar culpables fuera del organigrama morenista.

Volaris puso sobre la mesa baja ocupación y presiones de costos: Tarifa de Uso Aeroportuario, combustible, navegación aérea y el aumento previsto del Derecho de No Residente. Ese último factor corresponderá a 2027 y no explica la caída anterior. Sí revela, no obstante, la contradicción que viene: quieren recuperar visitantes mientras encarecen componentes del viaje. La promoción invita; la factura persuade de irse.

No hace falta imaginar una conspiración. Basta un sistema en el que cada participante persigue su ingreso inmediato y nadie cuida el resultado conjunto. Quien aumenta un cobro obtiene su parte; la pérdida de atractivo la pagan hoteles, restaurantes, trabajadores y aerolíneas. Gobernar debería corregir esa dinámica. Pero si en lugar de eso, el gobierno participa en ella, el abuso adquiere membrete.

Así comienza el dominó. Menor atractivo y mayores costos reducen la rentabilidad de las rutas; las compañías retiran capacidad; menos horarios y conexiones dificultan vender estancias. Un destino pierde accesibilidad y después debe gastar para recuperarla. A Tulum le faltaba un aeropuerto. Ahora pierde aerolíneas. La Cuarta Transformación resolvió una carencia y se puso a fabricar la siguiente.

“Tulum Renace” ofrece gratuidad en el Parque del Jaguar, menores tarifas de acceso arqueológico y al área natural protegida, mejores traslados y medidas sobre precios. Bien. Pero esa rectificación vuelve inevitable la pregunta: si ahora hay que abaratar, facilitar y ordenar, ¿qué estaban celebrando antes en Morena? ¿Cuántos problemas se agravaron mientras presumían que las obras, por existir, producirían prosperidad?

La seguridad, la competencia en los servicios y la certeza frente a la autoridad se comprueban todos los días. Un monitoreo de precios no sustituye sanciones contra cobros ilegales; tampoco conviene confundir combatir abusos con decretar cuánto debe costar cada servicio. Se necesita información clara, alternativas reales de transporte, reglas previsibles y autoridades que hagan cumplir la ley. Parece elemental. Quizá por eso requiere un plan de renacimiento.

No doy por cerrado el aeropuerto. Siguen operadores nacionales e internacionales y se anunciaron conexiones de invierno desde Estados Unidos y Canadá hasta marzo de 2027. Ojalá funcionen. Mas habrá que ver cuáles permanecen después. Una recuperación estacional puede dar oxígeno; no basta para acreditar la consolidación que prometieron.

El escenario más perverso, sin embargo, es otro: que el fracaso comercial resulte administrativamente cómodo. Las aerolíneas pueden retirarse cuando una ruta no les conviene. La estructura pública puede conservar cargos, instalaciones y acceso al presupuesto aunque la promesa económica se achique. Por es no hace falta acreditar hoy un déficit específico para exigir que se publiquen costos, ingresos y apoyos. ¿Quién pierde cuando el proyecto decepciona y quién sigue cobrando por administrarlo?

Ahí está la diferencia entre una mala temporada y un modelo político que se protege de sus resultados. Mientras el comerciante recorta personal y el trabajador pierde ingresos, el poder puede cambiar el nombre del programa y volver a presentar lo pendiente como una nueva hazaña. La inauguración cobra el aplauso; el rescate reclama más recursos. Con este régimen siempre hay otra ceremonia antes de que alguien responda.

En Tulum, los mayas dejaron ruinas que atraen turistas. La 4T corre el riesgo de añadir otras que los espanten. Las primeras sobrevivieron siglos. Las nuevas podrían sobrevivir gracias a nuestros impuestos.