Magdalena, después de años dedicada a criar a sus hijos y de haber postergado su carrera, firmó un acuerdo de separación y sintió que podía respirar. Quedaron regulados los alimentos, la relación directa y regular de los niños con su padre, y una compensación económica de doscientos millones de pesos para el futuro divorcio. El dinero saldría de la venta de un departamento de propiedad de su marido.
Había un documento preparado por un abogado, una cifra importante y un inmueble identificado para financiarla, por lo que Magdalena entendió que estaba protegida. Le habían dicho que era algo sencillo, que solo había que dejarlo por escrito.
El divorcio quedó pendiente. Durante un tiempo, la pensión se pagaba, los niños mantenían su relación con el padre y la vida parecía ordenarse. Años después, cuando él ya había rehecho su vida y decidió demandar el divorcio, Magdalena se enteró que el departamento había sido vendido y que el dinero se había destinado a pagar deudas. Tampoco existían otros bienes suficientes para afrontar la suma comprometida.
¿Qué dice la ley?
La compensación económica busca reparar el menoscabo sufrido por quien, al dedicarse al cuidado de los hijos o al hogar, no pudo trabajar remuneradamente durante el matrimonio, o lo hizo menos de lo que podía y quería. El artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil reconoce ese derecho cuando se produce el divorcio o se declara la nulidad. Los cónyuges pueden acordarla anticipadamente, cumpliendo las formalidades y la aprobación judicial exigidas por el artículo 63.
El problema de Magdalena no estuvo en haber pactado antes de divorciarse, sino que en hacer depender el pago de la venta de un inmueble sin establecer resguardos eficaces durante la espera. Mencionar el departamento no constituía por sí solo una garantía, ya que se había negociado cuánto recibiría, pero se había descuidado cómo proteger la posibilidad de cobrarlo.
Así, aunque la venta no borraba automáticamente lo pactado porque el alcance y la eficacia del acuerdo debían examinarse en el juicio, ahora estaba la dificultad de encontrar patrimonio suficiente para cobrar.
Como abogadas de familia, sabemos lo difícil que puede ser aceptar menos de lo que se había acordado. Para decidir, una persona necesita entender qué puede reclamar, cuánto puede durar el conflicto y qué posibilidades tiene de cobrar. Nuestra responsabilidad es explicar esas opciones con claridad, incluyendo lo que se cede al negociar y los riesgos de continuar.
Magdalena terminó aceptando una compensación menor para cerrar un juicio que amenazaba con prolongarse y obtener un pago efectivo. Una parte se pagaría al contado y el resto en cuotas, esta vez con una garantía que respaldara su cumplimiento. Recibió menos de lo que había pactado inicialmente, pero la nueva negociación abordó cómo cobraría. En resumen, aunque los años que había dedicado al cuidado seguían siendo los mismos, su posición para negociar se había debilitado.
Persiste, incluso entre abogados, la idea de que el derecho de familia es fácil. Que para tramitar un divorcio o regular una pensión basta con copiar un modelo, cambiar los nombres o escribir un buen prompt a la inteligencia artificial. Pero redactar un acuerdo exige anticipar qué pasará si alguien incumple y cómo se podrá cobrar lo comprometido. En el caso de Magdalena, esa era la pregunta que faltaba resolver.
La exigencia legal de que el acuerdo de divorcio sea “completo y suficiente” apunta precisamente a sus consecuencias: resguardar a los hijos, aminorar el menoscabo económico de la ruptura y establecer relaciones equitativas hacia el futuro. No basta con que las cláusulas suenen bien.
Quien busca asesoría para separarse espera que su abogado sepa de la materia. Reconocer cuándo hace falta apoyo especializado o derivar un caso es responsabilidad del profesional. La persona que consulta no tiene por qué saber qué conocimientos le faltan a quien la asesora.
Quienes pagan estos errores son, con frecuencia, mujeres que postergaron ingresos, cotizaciones y oportunidades laborales para cuidar. Magdalena terminó aceptando menos dinero porque el respaldo con que contaba ya no existía. Y es que, al final, no se trataba de un simple trámite.
