Por considerar que el hacinamiento en las prisiones se equipara a tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las autoridades penitenciarias del Estado de México deberán tomar medidas inmediatas para resolver esta situación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca.

El Máximo Tribunal resolvió el Amparo en Revisión 310/2025, promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), tras una visita al conocido como “Pena Neza-Bordo".

Tras presentar un amparo para que se mejorara esa condición, el que le fue negado, el organismo explicó que, en 2021 cuando se detectó la condición de sobre población, el centro penitenciario con espacio para mil 834 personas privadas de la libertad, estaba ocupado por cinco mil 116 internos, tres mil 282 personas por arriba de su capacidad.

Durante la discusión del proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa actualizó esta cifra, con datos de julio del presente año.

El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de julio de 2026, el más actualizado, al momento de resolver este asunto, el de julio de 2026, reporta que la población asciende a cinco mil 435 personas con los mismos mil 834 espacios, alcanzando ya el 236 por ciento de la sobrepoblación.
Este número no es una mera estadística, pues atrás de cada número hay una persona con nombre, con familia, con historia, con derechos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar”, dijo la ministra Esquivel Mossa.

Con su resolución, la SCJN determinó que las autoridades del sistema penitenciario del Estado de México deberán elaborar un plan con acciones concretas para erradicar el problema de la sobrepoblación en el Penal Neza-Bordo.

Entre otras medidas, se deberán buscar o proponer programas de preliberación para beneficiar a la población que lo amerite; establecer planes de coordinación para la reubicación de personas privadas de la libertad.

También se deberá plantear un proyecto para la remodelación del penal, lo que implica la autorización de un presupuesto por parte del Congreso mexiquense.