La justicia decretó este viernes la prisión preventiva de Juan Farías Pumeo, exalcaide de la cárcel de Punta Arenas, detenido en medio de los allanamientos de la Operación Apocalipsis II.

Al exfuncionario penitenciario se le imputa su participación directa en el homicidio de un recluso al interior del penal Santiago Uno, un crimen perpetrado durante el año 2018 en complicidad con el también gendarme Álex Vega.

Hasta el pasado 30 de septiembre, fecha en que fue capturado por las autoridades a cargo de la indagatoria, el imputado seguía activo en la institución. En concreto, cumplía funciones regulares en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de la capital de Magallanes.

El letal ataque bajo custodia y la reapertura del caso

La investigación original por la muerte del interno fue clausurada en su época sin dejar formalizados. Sin embargo, el reciente despliegue del operativo institucional permitió al Ministerio Público recabar nuevas pistas que reactivaron la causa penal por apremios ilegítimos.

El ente persecutor detalló en un documento que el tribunal dio por acreditada de forma suficiente la participación del exalcaide como autor. Ambos efectivos, señala el informe oficial, “se encontraban a cargo de la custodia del reo y a quien golpearon en la cabeza, provocándole la muerte dos días después por un hematoma subdural”.

Sobre el nivel de violencia física ejercida por los involucrados, el fiscal Marcos Pastén expuso la crudeza de la agresión durante las recientes audiencias: “Sabemos que Vega azotó su cráneo contra un pilar, días después murió”.

Aunque las autoridades no han entregado especificaciones técnicas sobre la acción exacta de Farías durante la golpiza, la formalización y la máxima medida cautelar decretada acreditan su grado de responsabilidad en los hechos descritos.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el nexo criminal entre Farías y Vega se limitaría exclusivamente a este homicidio. La indagatoria descarta, de momento, su integración a la extensa red de corrupción carcelaria detectada entre los años 2022 y 2026, operaciones ilícitas por las cuales Vega enfrenta cargos paralelos por los delitos de cohecho agravado y lavado de activos.