En una audiencia programada para mañana a las 10 horas, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega resolverá si Ernesto Ruffo permanece en la cárcel de alta seguridad del Altiplano o puede pasar a defenderse desde su casa en Ensenada, Baja California. Ruffo lleva dos meses en ese penal. Enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Sus abogados argumentan que, por tener 75 años, debería gozar de ese beneficio y que, además, un examen exhaustivo determinó que padece problemas serios de salud. Si México fuera un país con Estado de derecho, este asunto tendría que estar resuelto en favor de un hombre mayor y enfermo. Sólo desde el abuso de poder y la intención de degradar puede alegarse que Ruffo es una persona peligrosa o que burlará las medidas cautelares y se dará a la fuga. Ni siquiera es reincidente. Así que, de no diferirse la audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega difícilmente encontrará asidero legal para mantenerlo en la cárcel de los peores criminales de México. “Vamos a esperar el viernes una resolución justa y protectora de los derechos humanos”, me dice Juan Marcos Gutiérrez, abogado del equipo de defensa de Ruffo. Yo no estaría seguro de que eso vaya a ocurrir. Estamos ante un caso con todas las características de una infamia. Política.