Hace poco más de dos décadas, el sistema de justicia penal local se estructuró para hacer frente a una realidad distinta. En ese entonces, las investigaciones se articulaban de manera territorial, las fiscalías regionales actuaban en sus jurisdicciones y el crimen organizado internacional y la ciberdelincuencia no tenían el alcance de hoy.
El fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana lleva 23 años en el Ministerio Público. Cuando comenzó a funcionar este organismo, recuerda, su estructura respondía en gran parte a esa lógica territorial. “Un homicidio cometido, un homicidio resuelto... 100% de eficiencia en un Chile que no se parecía en nada al Chile de hoy”, señaló durante el coloquio “Justicia Penal y sus instituciones”, realizado en la Universidad Andrés Bello.
El encuentro, organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto UNAB de Políticas Públicas, se hizo justo cuando se cumplen 26 años desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y 25 desde la primera sentencia dictada bajo este nuevo sistema. Por eso, la jornada puso en la mira cuánto han cambiado las condiciones sobre las que fue concebida y cuáles son los desafíos que todavía se mantienen.
Eso sí, la diferencia no está sólo en el tipo de crímenes: también cambió la escala. Hoy una organización puede actuar en distintas regiones en simultáneo, manejar sus recursos desde fuera del país, usar el sistema financiero formal y digital para mover dinero e incluso coordinar operaciones desde el interior de una cárcel.
Para Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, uno de los principales cambios frente al momento en que fue diseñada la reforma es “la existencia de un fenómeno nuevo, el crimen organizado y el terrorismo, que es una forma de afectación a la seguridad pública que no se conocía cuando se organizó y se estableció la reforma procesal penal”.
Pero fortalecer al Estado ante esta nueva realidad abre otra discusión. Un sistema penal no depende sólo de la capacidad para investigar y perseguir crímenes, sino que también necesita defensas capaces de responder a investigaciones cada vez más complejas, tribunales que puedan administrar causas de gran volumen y procedimientos que consideren los derechos de quienes participan en ellos.
Criminalidad que deja atrás las fronteras
Parte de la respuesta institucional fue crear la Fiscalía Supraterritorial, encabezada por Miguel Ángel Orellana. Su objetivo es coordinar investigaciones que ya no pueden enfrentarse desde una única fiscalía regional, especialmente aquellas vinculadas al crimen organizado que opera entre distintas regiones o países, además de delitos asociados a la cibercriminalidad.
“Construimos en lógica de silos, con regiones que operaban de manera independiente, que adoptaban decisiones de manera autónoma y no coordinada respecto de sus fenómenos criminales”, explicó el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público. La nueva estructura puede coordinar fiscalías regionales, conformar fuerzas de tarea o incluso asumir investigaciones que se hayan iniciado en diversas zonas del país.
Uno de los mayores cambios está en el mundo digital. Según Orellana, “la fiscalía aumenta un 25% por año sus ingresos a partir de delitos asociados a cibercriminalidad”. A esto se suma un sistema financiero muy desarrollado que, advirtió, puede transformarse en un puente para movimientos de recursos vinculados a organizaciones criminales transnacionales.
El primer procedimiento de la Fiscalía Supraterritorial ayuda a mostrar ese cambio: una investigación por venta de armas a través de chats encriptados se extendía por 14 regiones del país e incluía incluso armas fabricadas con impresoras 3D.
“Eso una región no podía enfrentarlo, ni siquiera una Región Metropolitana de manera adecuada”, sostuvo Orellana.
Desde el Ejecutivo, Rabat detalló varios cambios que buscan responder a este escenario. Entre ellos, mencionó ampliar de 12 a 24 horas el período de flagrancia, permitir que las policías recojan elementos como cámaras y teléfonos durante las primeras diligencias y crear una agencia que administre bienes vinculados a delitos y se haga cargo de ellos una vez decomisados.
También habló de cambios en la responsabilidad penal adolescente, la posibilidad de continuar algunos juicios cuando el imputado no está presente y modificaciones a las reglas del proceso para facilitar la persecución de delitos. Así, el desafío no pasa sólo por crear nuevas instituciones, sino también por adaptar reglas pensadas para una realidad distinta.
Equilibrio constante
El fortalecimiento de la persecución penal no ocurre de manera aislada. Verónica Encina Vera, defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, advirtió que cualquier cambio debe mantener el equilibrio entre las distintas instituciones del sistema.
“Sin defensa, no hay justicia”, recordó. “Podemos tener una maravillosa fiscalía supraterritorial, un tremendo Poder Judicial que haga muy bien su trabajo, pero sin defensa, las sentencias carecen de legitimidad”, añadió.
Según la abogada, una de las deudas que se mantienen desde la creación del nuevo modelo es la falta de autonomía de la Defensoría Penal Pública. Mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos, dicha institución sigue vinculada al Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La segunda diferencia, aseguró, está en los recursos. Cuando nació la Defensoría, explicó, la proporción era de un fiscal por 0,85 defensores. Desde entonces, esa distancia se ha ampliado a favor del Ministerio Público. Esto se vuelve especialmente complejo en investigaciones donde una misma causa puede reunir a varios imputados con intereses incompatibles entre sí.
“Cuando tú tienes 25, 40, 30 imputados en una misma causa, lo más probable es que tengan defensas incompatibles y, por lo tanto, nosotros no podemos poner un defensor a cargo de los 25. Tenemos que poner dos, tres, cuatro, cinco, si es que no 20. Y no los tenemos”, señaló Verónica Encina.
El problema, prosiguió, no responde a una disputa entre instituciones, sino a la necesidad de mantener los contrapesos con los que se construyó el sistema. “En un Estado de derecho liberal, no está justificado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera excepcional, violar los derechos humanos en pos de otra cosa como, por ejemplo, ser eficaces”, afirmó.
Tensiones y complejidades
Los cambios en la criminalidad no sólo requieren más herramientas de investigación. Fernando Valderrama Martínez, ministro ilustrísimo de la Corte de Apelaciones de Santiago, puso como ejemplo audiencias de formalización y discusión de medidas cautelares que pueden extenderse durante una semana. A su juicio, esto puede terminar cambiando el sentido de una instancia pensada originalmente como una garantía para que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen.
El magistrado también cuestionó juicios orales que pueden extenderse durante años, personas que permanecen seis o siete meses privadas de libertad mientras una investigación no avanza y el uso excesivo de recesos durante las audiencias.
Miguel Ángel Orellana coincidió en que las investigaciones de alta complejidad obligan a cambiar algunas prácticas. Su diagnóstico apunta a reducir pruebas innecesarias, preparar con más anticipación los juicios y mejorar la colaboración entre fiscales, defensores y tribunales.
“Un fiscal de una investigación de alta complejidad debe saber exactamente, por más que haya ofrecido una importante cantidad de prueba, que el último momento de depuración es la audiencia de preparación de juicio oral”, señaló. En una causa que inicialmente contemplaba cerca de cien testigos, recordó, el Ministerio Público redujo finalmente el número a 34 y un juicio proyectado para más de cien jornadas terminó haciéndose en poco más de veinte.
Para el fiscal, esto tampoco significa simplemente endurecer los procedimientos. “Nunca he ganado un juicio por prueba sorpresa”, afirmó. Su propuesta apunta, por el contrario, a investigaciones con mayor planificación, información compartida y colaboración entre instituciones.
El problema de las cárceles
Pero hay un problema que va más allá de buena parte de estas reformas. Al identificar los desafíos más urgentes para el futuro, Orellana se refirió a las cárceles. “No puede ser que el 90% de las investigaciones que tenemos sobre crimen organizado en algún momento pasen en términos de coordinación por el interior de las cárceles”, señaló.
Para el fiscal, enfrentar lo que pasa dentro de los centros penitenciarios es una tarea del Estado. De lo contrario, advirtió, “lo único que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de personas de las que vamos a tener que hacernos cargo en el futuro”.
