El 6 de julio de 1849, Manuel Bulnes creó la Escuela de Artes y Oficios -predecesora de la USACH-, que impartía talleres de carpintería, herrería y mecánica, y cuyo lema era “el trabajo es nuestra alegría”. Otras instituciones han sido depositarias y continuadores de esta misma promesa: el trabajo dignifica y el desarrollo, colectivo e individual, pasa por instalar capacidades en las personas.
Los números muestran otra cosa: hay alto desempleo, y el trabajo que existe no te saca de la pobreza. Según la encuesta Casen, la tasa de ocupación de las personas en situación de pobreza es de 34,7%, mientras que en las personas fuera de la pobreza la tasa alcanza un 61,7%. El dato es doblemente problemático: si bien el empleo es una herramienta importante para el desarrollo individual, resulta que es muchas veces insuficiente. Un tercio de las personas en situación de pobreza en edad de trabajar tienen trabajo, y aun así no les alcanza. Los datos muestran una parte relevante del ingreso de esas familias viene del Estado: casi el 20% de los ingresos del primer decil (sin considerar PGU) proviene de subsidios estatales.
Si los empleos que se crean no contribuyen a que las personas puedan desarrollarse por sus propios medios, se horada la base de la ciudadanía. El salario no es necesariamente representativo del aporte de cada profesional -si no, pregúntele a científicos o profesores- pero sí constituye condición de independencia, y la independencia es condición de ciudadanía. Quien vive de transferencias pierde el reconocimiento por su trabajo: se vuelve invisible. El problema de estructurar una política laboral en base a subsidios es que cuando se acaba el subsidio no queda nada.
La cifra de desempleo es urgente, pero apremiados por salir de la emergencia corremos el riesgo de simplificar un problema complejo y omitir lo estructural: no tenemos una política laboral que alinee capacidad y productividad con mejores condiciones laborales. Los estudios que existen sobre la franquicia SENCE muestran que no tiene efecto en salario y empleabilidad. El gobierno pretendió eliminarla cuando lo que se debe hacer es reformularla.
Desde el año 2008 existen instancias tripartitas en que empleadores, trabajadores y Estado identifican y actualizan, según sector productivo, las competencias y perfiles ocupacionales prioritarios. De hecho, desde 2024 constituyen instancias permanentes de diálogo social. Pero todavía no le damos valor en metálico a esos certificados. La licencia SEC, un ejemplo aislado, tiene valor porque la ley la exige para trabajar con gas o electricidad. En buenos términos, lo que falta es que esas mismas instancias negocien pisos salariales por niveles de competencias certificadas: que esa certificación valga algo en la liquidación de sueldo. Dejar capacidades instaladas en vez de subsidios.
La Escuela de Artes y Oficios prometía que el trabajo es nuestra alegría. El contexto actual puede ser una oportunidad para tomarnos en serio esa promesa. Si insistimos solo en los subsidios, más que fuente de alegría o dignidad estaremos dando la razón a aquellos que dicen que el trabajo es algo tan malo, que hay que pagar para que alguien lo haga.
Por Diego Navarrete, abogado
