No querido lector. La vida no comenzó en una pantalla ni la violencia nació con una aplicación de redes sociales en un teléfono. Pero en el México de hoy, para la autoridad federal resulta más cómodo responsabilizar a un algoritmo, a un grupo de WhatsApp o a un meme que asumir la incapacidad del Estado para garantizar la paz, la calidad educativa y la justicia en las calles.

El problema de la violencia delictiva que asola al país, el deterioro de la convivencia social y los vacíos en el sistema escolar no se resuelven apretando un botón para borrar publicaciones ni penalizando la sátira política en las plataformas digitales. Sin embargo, la estrategia gubernamental parece concentrarse en un solo diagnóstico: la culpa de todo la tienen las redes sociales.

En un primer acto, el gobierno federal anunció la publicación de un decreto que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre para restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes en los planteles de educación básica y media superior. La justificación atribuye a estos aparatos la falta de atención, la distracción escolar y los conflictos de convivencia.

Y los datos existen. La propia consulta nacional de la Secretaría de Educación Pública —realizada a más de 565 mil figuras educativas— revela que 38.7% de los consultados identifica pleitos que inician en redes sociales y escalan hasta los patios escolares. Además, 33.2% detectó la difusión no consentida de fotografías, audios o videos, y 29% reportó casos de ciberacoso.

La problemática de la violencia digital entre niñas, niños y adolescentes es innegable y requiere atención urgente. Pero trasladar la responsabilidad del rezago pedagógico y del deterioro emocional en los salones de clase exclusivamente al uso del teléfono móvil resulta, por decir lo menos, reduccionista.

¿De verdad la mala calidad educativa y la falta de pensamiento crítico se van a solucionar retirando el celular durante la jornada escolar, mientras las escuelas carecen de infraestructura básica, servicios de salud mental y protocolos efectivos de prevención?

En un segundo acto, el Poder Legislativo decidió atender la “amenaza digital” desde la trinchera de la libertad de expresión. El Senado de la República aprobó una reforma que castiga con hasta cinco años de prisión y multas a quien utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica institucional, logotipos, escudos, dominios o documentos oficiales.

Bautizada por la oposición como la Ley Antimemes, la norma fue defendida por el oficialismo bajo el argumento de que busca combatir la piratería, la suplantación de identidad y las estafas comerciales. Se nos asegura que no persigue la parodia, la crítica ni el humor político. No obstante, la redacción final mantiene conceptos vagos e imprecisos.

En un país donde la sátira ha sido históricamente una de las pocas válvulas de escape frente al poder, la ambigüedad del tipo penal abre de par en par la puerta a la interpretación arbitraria, la autocensura y la persecución del descontento ciudadano. ¿O acaso el humor gubernamental es tan frágil que requiere del Código Penal para proteger su imagen?

El tercer acto expone la gravedad del fenómeno y la respuesta institucional. Tras el trágico ataque perpetrado en una secundaria de Torreón, Coahuila —donde dos exalumnos ingresaron con armas blancas, hirieron a cuatro personas y provocaron la muerte de la subdirectora del plantel—, el gobierno federal anunció una nueva ofensiva regulatoria, la creación de un grupo de trabajo para redactar un decreto que obligará a las plataformas digitales a detectar, reportar y eliminar de manera inmediata contenidos que inciten a la violencia.

La estrategia contempla además un mayor monitoreo por parte del Centro Nacional de Inteligencia en redes sociales, foros y mensajería instantánea para ubicar “amenazas creíbles”.

Que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad en la moderación de contenidos violentos es un reclamo global legítimo. Lo preocupante es tratar la violencia criminal como un problema de difusión y no de impunidad.

Si dos jóvenes ingresan armados a un plantel escolar y matan a una docente, el origen del problema no es el algoritmo que hospedó un comentario previo en internet; está en la descomposición del tejido social, en el acceso impune a las armas, en la ausencia de salud mental para los jóvenes y en la falta de capacidades del Estado para proteger a las comunidades. Monitorear redes sociales con el aparato de inteligencia nacional no sustituye a las policías locales ni previene el delito en las calles ni devuelve la vida a las víctimas.

¿La vida se dirime, protege y sanciona en las redes sociales? Para el gobierno parecería que sí. Es más fácil fiscalizar la conversación virtual, censurar la imitación gráfica y pedirle a Facebook o TikTok que bajen videos, que erradicar el cobro de piso, frenar los homicidios y dar seguridad a las familias en sus comunidades.